48.6
MILLONES de dólares debe pagar Bolivia a la chilena Quiborax por la anulación de concesiones mineras "ilegales" en el Salar de Uyuni.
El juicio que la chilena Quiborax le ganó a Bolivia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) fue posible debido a que políticos corruptos "lotearon" el Salar de Uyuni Así lo denunció el expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), René Navarro.
El ahora concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) destaca que el hombre fuerte del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), Gonzalo Valda, proyectó una ley que redujo 1.018.000 hectáreas de la zona de reserva del Salar de Uyuni.
Las áreas libres fueron tomadas por la empresa Non Metallic, de David Moscoso, quien explotó ulexita hasta que el presidente Carlos Mesa anuló las concesiones, ante lo cual hizo aparecer un documento de sociedad con la chilena Química del Borax (Quiborax) con el fin de demandar supuesto daño económico por sus inversiones y lucro cesante.
Valda no habría sido el único responsable del loteamiento que dio paso al juicio que Bolivia perdió y debe pagar una suma millonaria, entre otros se debe investigar al viceministro de minería, Adán Zamora que definió la nueva área de reserva del salar en base a la costra salina; los que en su momento fueron diputados potosinos, Angelo Porcel y Jhonny Plata.
También se pide investigar y sancionar a los parlamentarios que viabilizaron la aprobación de la ley, Walter Guiteras Denis, Hormando Vaca Diez Vaca Diez, Gonzalo Molina Ossio y Guido Roca Villavicencio.
Los ministros de Banzer que firmaron la "ley Valda", Carlos Iturralde Ballivián, Edgar Millares Ardaya e Ivo Kuljis Futchner.
El presidente Jorge Quiroga también deberá ser investigado porque después de un año de promulgada la Ley Valda, consolida un reglamento que respeta el área de reserva reducida manteniendo las concesiones mineras que se habían tramitado en ese tiempo.
