Los delegados de organizaciones afiliadas al Comité Cívico Potosinista (Comcipo) resolvieron que los libros con las firmas destinadas a impulsar el proceso revocatorio contra autoridades locales serán quemados y así lo hicieron anoche.

El presidente de Comcipo, Jhonny Llally, informó que entre las conclusiones estaba la de quemar los libros que llenaron para impulsar el revocatorio con la finalidad de que esa información no se pueda utilizar por el oficialismo para desatar una "cacería de brujas".

Llally explicó que durante la recolección de firmas recibieron denuncias en sentido que desde las instituciones que controla el Movimiento Al Socialismo (MAS) se les amenazó con realizar reubicación de puestos o dejarles sin espacio para sus ventas si se sumaban al revocatorio.

Ante el temor de los delegados de que se identifique a quiénes estaban buscando el revocatorio y se tomen acciones en su contra optaron por quemar los libros que no fueron presentados al Tribunal Electoral Departamental (TED) porque en ninguno de los casos llegaron a la cantidad de firmas requeridas para que ese proceso avance.

Marco Antonio Pumari resaltó que no presentaron las firmas porque no llegaron a los mínimos requeridos y explicó que hubiera sido una irresponsabilidad presentarlos para que el oficialismo acceda a esa información que estaba en físico pero también en un soporte digital.

Se remarcó que en ningún caso se habría incurrido en el error de no presentar los libros contando con las cantidades de firmas y que no llegaron tarde al TED para cumplir ese requisito.

Llally aseguró que los otros impulsores del revocatorio no hubieran aportado ni una sola  firma porque con esos más se habría podido avanzar en el revocatorio.

El presidente de Comcipo apuntó que lograron 35.600 firmas para revocar al alcalde y 37.000 para impulsar el proceso contra los concejales potosinos.

Sin embargo, no se hizo conocer cuantas rúbricas consiguieron para pedir que el gobernador Juan Carlos Cejas sea revocado.

También se estableció que presentarán una denuncia a las instancias correspondientes contra el Tribunal Supremo Electoral por pisotear la Constitución Política del Estado al incumplir lo que señala el artículo 240 sobre por porcentajes de firmas para revocar autoridades y establecer cantidades más altas con el fin de hacer imposible ese proceso".