Las cifras se han disparado. La cantidad de contagiados ha subido en América Latina en la misma proporción que los fallecimientos. En Bolivia, la mayoría de las capitales de Departamento reportan el colapso de sus centros de atención a los enfermos de covid-19. Es la tercera ola y, a pesar de la experiencia adquirida desde el inicio de la pandemia, ha vuelto a pillarnos desprevenidos.

¿Qué es lo que ha ocurrido? En Sucre y Potosí, las autoridades de los Servicios Departamentales de Salud culpan al descuido de la gente, a la irresponsabilidad de las personas que salen a las calles aún sin necesidad y, para colmo, sin cubrir sus bocas con mascarilla. Más aún, los dedos índices apuntan hacia los jóvenes, porque estos fueron los que comenzaron a acudir a fiestas y detonaron la nueva ola de contagios.

Pese a las prohibiciones, hubo fiestas por todo lado pues la gente se dio modos para evadirlas. En Potosí, por ejemplo, un motel, que no puede funcionar como tal debido a las restricciones, fue alquilado en el área correspondiente a su salón de baile para la celebración de un cumpleaños que, como era de esperarse, se convirtió en fiesta. Policía e Intendencia intervinieron el local, que encontraron atestado de gente en estado de ebriedad. Muchos fueron detenidos y la mayoría eran menores de edad.

Pero mientras los salones de baile recibían a gran cantidad de gente, los centros habilitados para la vacunación eran la otra cara de la medalla. Poco concurridos, casi vacíos, preocuparon a las autoridades en los días en los que se administró la primera dosis. Fue peor para la segunda porque la cantidad de gente bajó notoriamente. Fue cuando, bajo condición del anonimato, autoridades de los servicios de salud admitieron que la renuencia a la vacunación se debe, en gran medida, a las campañas desatadas desde las redes sociales, en las que existen personas de todo tipo que aseguran que las vacunas son peligrosas para la salud o, peor aún, parte de una conspiración para conseguir variopintos objetivos: desde esterilizar a los vacunados hasta la implantación de chips para un supuesto control mental y posterior dominación del mundo.

Y de por medio están sectas religiosas, cuyos líderes advierten que vacunarse es un pecado, personas interesadas en sembrar el caos, muchas veces con fines políticos, o simplemente aquellos que se dejan llevar por teorías conspiracionistas.

No solo actúan en las redes. En Bolivia, Acción Humanista Revolucionaria (AUR), un partido que hace mucho que perdió su personería jurídica, por sus bajas votaciones, saca gente a las calles con alguna frecuencia para protestar contra los supuestos intentos de los gobiernos de controlar a la gente. Sus simpatizantes afirman que se pretende coartar sus derechos y, como los barbijos son los signos más notorios de la prevención, exhortan a no usarlos o, más aún, tirarlos… quemarlos… 

Esta gente que, en lugar de pedir que la gente se cuide, hace todo lo contrario, ha recibido un nombre. Tomando las palabras “covid” e “idiot”, el Oxford Advanced Learner’s Dictionary introdujo en 2020 “covidiot” como un nuevo término en inglés. Este año, la Real Academia Española admitió a “covidiota” con una palabra válida para designar como adjetivo contra quienes se niegan a cumplir las normas dictadas contra el contagio. Todavía no se ha incorporado la palabrita al Diccionario de la Lengua Española porque, como consecuencia de la covid, existen otras 713 palabras esperando ser admitidas dentro de lo que se ha denominado, pero no aceptado, como “covidioma”.

Un “covidiota” es aquel que no solo se niega a cumplir las restricciones, sino que hace campaña para que los demás imiten su actitud. En ese marco está la actitud de AUR, una organización fundada por el potosino Juan Santa Cruz que, tras su efímero paso por la política, ahora intenta hacer un activismo que; sin embargo, puede tipificarse como delito si es que consigue, por ejemplo, que la gente no vaya a vacunarse. En Bolivia, esa actitud puede ser interpretada como “actos contrarios a disposiciones sobre higiene y sanidad” o “realizar cualquier otro acto que de una u otra manera afecte la salud de la población” y ambas están consideradas como delitos contra la salud pública en los numerales 5 y 9 del artículo 216 del Código Penal Boliviano. La sanción para esas acciones va de uno a 10 años de cárcel.

Aunque Santa Cruz radica en la ciudad que tiene ese mismo nombre, las acciones de AUR se han desarrollado especialmente en Cochabamba. En Quillacollo, la Alcaldía inició acciones penales en contra de los activistas de ese movimiento precisamente por delitos contra la salud pública.

Para consuelo de los covidiotas, su mal, ese nuevo virus que está evitando que la gente se vacune, no es exclusivo de Bolivia sino que se ha visto en otros países y hasta en gobernantes como el expresidente Donald Trump y el actual gobernante de Brasil, Jair Bolsonaro, que, en su momento, subestimaron a la pandemia de covid-19 y provocaron un alarmante incremento de contagios en sus países.

Ahora, estamos en un momento crítico. Los casos se cumtiplican y la covid-19 infecta hasta a los niños. La inmunidad de manada no llega porque hay gente que no quiere vacunarse. Cuando el Sedes Potosí pidió más vacunas, el ministerio de salud respondió que el Departamento no necesita más, porque mucha gente firmó desistimientos de vacunarse. No solo se perjudican ellos... están perjudicando a los demás.

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