A propósito de la injusta denuncia de la Fiscalía Regional de Arica, el 8 de junio pasado —en presencia de altas autoridades de la Armada chilena, la Aduana de Chile y el Ministerio de Seguridad de ese país— alertando que cerca de 60 contenedores pertenecientes a 23 empresas exportadoras bolivianas habían sido retenidos por contener maderas “impregnadas” con sustancias controladas, provocando tal aseveración y la posterior quema de las maderas, un daño económico, reputacional y social irreparable, no solo a las empresas afectadas y al sector maderero, sino a Bolivia toda, recordé entonces un caso similar que traigo a colación, para efectos reflexivos y un “mea culpa” en el vecino país.
Chile, como exportador de frutas, enfrentó en 1989 la llamada “crisis de las uvas” por una denuncia anónima ante la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.), de que las uvas chilenas estaban “contaminadas con cianuro”. Retenida la carga de un barco, se detectó una presunta contaminación de dos uvas, se destruyó parte de la carga de la fruta, se inspeccionó millones de cajas de uvas, y, al confirmarse que lo que Chile reclamó era cierto —que sus uvas no estaban contaminadas— se liberó el saldo. La crisis duró menos de dos semanas; luego se produjo una cooperación de la FDA a Chile para establecer procedimientos de seguridad a fin de no afectar a sus exportadores.
EE. UU. no destruyó toda la fruta; no dijo “hallamos cianuro, destruimos y ¡punto!”; inspeccionó millones de cajas y trabajó con Chile para restablecer el comercio. Esta sensata actitud de las autoridades estadounidenses no se ve en Chile al no haberse garantizado la preservación de la evidencia y al negarse la posibilidad de un peritaje internacional, como solicitó Bolivia.
A los ojos del mundo, el Fiscal Regional de Arica —incomprensiblemente respaldado por el Delegado Presidencial en ese distrito— prácticamente señaló, acusó, sentenció y condenó a los exportadores bolivianos sin demostrar nada. Primero, retuvo indebidamente los contenedores que estaban en tránsito por Chile hacia ultramar, afrentando el Tratado de Paz y Amistad de 1904.
Luego de seis meses, hizo la denuncia, dejando a las empresas “a ciegas” al no recibir respuesta de las autoridades a sus reclamos. Solo dos meses después, permitió ver los Cuadernillos de Investigación, pero rechazó un peritaje independiente; más bien, indolentemente, pasó a quemar las maderas para que los exportadores no puedan defenderse. ¿No es curioso que mientras los empresarios pidan ser investigados, confiados en su inocencia, se continúe quemando la evidencia? ¿Por qué será, no?
Chile se equivocó rotundamente. Si bien el Instituto de Salud Pública (ISP) reportó “trazas” de sustancias controladas menores al 5% en unas muestras, y su ausencia en otras, jamás mencionó “impregnación”, a diferencia del Fiscal Regional de Arica que habló de maderas “impregnadas” a partir de un análisis de algoritmos con Inteligencia Artificial (IA), que llevó a tal conclusión, aseverando entonces que el contenido de sustancias controladas era del 10% al 20%, contradiciendo totalmente al ISP.
Dos prestigiosos peritos en la materia, ex Agentes de la DEA, además —Scott Richard Oulton a través de su “Declaración e Informe Pericial”, y James Craig Kuykendall con su “Declaración Jurada y Peritaje”— hacen trizas la tesis de maderas impregnadas con sustancias controladas, observando la calidad, consistencia y suficiencia científica de los resultados del ISP. Tales documentos han sido presentados como descargo de las empresas afectadas, ante la Justicia chilena. A ello se suma el CIRAD, entidad pública en Francia, que sostiene que las especies madereras bolivianas analizadas, por su estructura anatómica y alta densidad no pueden ser impregnadas, ni al vacío. Frente a la controversia, lo que correspondía era proteger la evidencia, hacer peritajes independientes y establecer responsabilidades, pero… ¡Chile prefirió quemar la prueba!
¿Sabía que la situación se puede complicar para Chile, luego que el eurodiputado Alvaro Sebastian Kruis, miembro del Parlamento Europeo, se hizo eco de esta injusticia y pidió a la Comisión Europea tratar este asunto con Chile? En efecto, porque, aunque no lo ha dicho, este triste episodio no solo perjudica a las empresas exportadoras bolivianas, sino también a sus clientes, la mayoría de los cuales son europeos y estadounidenses, de tal forma que al acusarse del envío de maderas “impregnadas” con sustancias controladas se está poniendo en duda la honorabilidad de los mismos y… ¡eso sí que es grave!
Para Daniel Guevara, Doctor en Derecho Internacional, Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ex Ministro Presidente del Primer Tribunal Ambiental y Director de la Consultora Norgenesis, especializada en derecho nacional e internacional, que defiende a 15 de las 23 empresas afectadas, la actuación del Estado chileno es preocupante, por vulnerar el principio de presunción de inocencia, no permitir una contraprueba independiente y, además, por quemar la evidencia con el patrocinio del Delegado Presidencial en Arica, dejando indefensos a los exportadores bolivianos.
Según Guevara, una salida al cúmulo de errores cometidos pasa porque la Fiscalía Regional de Arica decida “no perseverar” en el caso, archivarlo temporalmente, y cerrar la investigación penal, para evitar que Chile sea demandado internacionalmente, con la seguridad de que perderá, afectando a instituciones y personas. ¡Sabio consejo!
