Después de 20 años de desinstitucionalización del Estado –regidos por una “hoja de ruta” basada en una Constitución Plurinacional de camino al Socialismo, de lo cual pensábamos librarnos en la última elección– vemos con preocupación que el gobierno actual aún no encuentra su Norte ni proyecta una idea clara de a dónde nos dirigimos.
Al mismo tiempo que acaba de deshacerse del Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, la otrora cartera que debía dar guía y contenido económico al Ejecutivo, alguien diría que el extraviado acaba de botar la brújula.
Y es que, al igual que los gobiernos del MAS, el actual parece creer que el problema de Bolivia se resuelve, principalmente, con plata: dinero para pagar subvenciones, cubrir déficits, etc. Concibe al dinero como una suerte de combustible para que funcione la economía. Por tanto, sus esfuerzos se han concentrado en tomar préstamos a toda costa, aprovechando la ola de optimismo que generó en el electorado para seguir gastando y sirviendo deuda más barata. ¡Todo el poder a la chequera al viento!
El modelo económico socialista/estatista, que no hemos cambiado, no sirve por más dinero que le pongan. Es incapaz para crear riqueza o prosperidad; solo funciona para gastar y redistribuir lo que otros crearon, hasta que se les acabe.
Lo imprescindible ahora es cambiar la lógica del equipo económico, un giro de 180 grados, dotando al gobierno del mejor capital humano, de gente profesional, capaz y honesta, detrás de la cual vendrá el dinero, que falta para generar inversiones y empleo.
El nuevo modelo, “vehículo”, que nos saque del fango en el que nos dejaron y aún estamos, debemos diseñarlo y operarlo los bolivianos, en base a un ministerio equivalente al de Planeamiento y Coordinación de la época, cuando salimos de la mayor crisis, en 1985.
El diseño del entonces Ministerio de Desarrollo Sostenible fue un avance institucional que transformó la inicial planificación gubernamental indicativa –con rasgos de dirigismo, centralismo y verticalidad tecnocrática– a una visión totalmente distinta del Estado y la sociedad; donde la persona individual ocupa el centro del desarrollo con derechos y libertad; donde el medio ambiente es un factor a conservar; donde la participación democrática institucional es la fuente de inspiración y voluntad en la construcción de los escenarios y visiones del futuro de Bolivia.
Paradójicamente, creo que el fruto más completo y maduro que dio ese ministerio, que tomó forma a lo largo de varias décadas bajo la dirección de destacados hombres públicos, fue precisamente bajo el gobierno constitucional de Hugo Banzer Suárez, cuando rescatando las importantes reformas de los gobiernos anteriores, y del de Gonzalo Sánchez de Lozada principalmente, pusimos en práctica el más amplio mecanismo de participación popular para la toma de decisiones del Estado: el Diálogo Nacional 2000.
En base a los 315 municipios, participaron un total de 1260 munícipes, que consensuaron en mesas de negociación, cuál debiera ser el destino del uso de los fondos del perdón de la deuda externa a Bolivia, como país pobre altamente endeudado (HIPC).
Ese ministerio fue precisamente el mecanismo moderno de agregación de aspiraciones ciudadanas para construir el consenso necesario e impulsar la voluntad de articular una nación diversa como la nuestra. Fue la cabeza de gobierno que organizó la construcción de una “visión de país”, de un destino común, de un Norte que movilice a la nación, nacido de un diálogo estructurado, ordenado e inclusivo de la base social, desde sus municipios, al que debía responder el gobierno. Y no al revés.
La reciente eliminación del Ministerio de Planificación, es decir, del mecanismo de pre-visión, participación, inclusión y consenso de políticas públicas, deja un grave vacío en lo que debiera ser un gobierno abierto, plural y participativo que promueva un crecimiento que asegure la sostenibilidad de los recursos naturales y su preservación para las próximas generaciones.
Su eliminación es una claudicación frente a la idea facilista de que “el cajero maneje la empresa”, despojando al gobierno de su más importante foro de discusión y coordinación; de su instancia de orientación, de su órgano de discusión y de consenso.
Esta era la instancia donde se debatía la política económica en función del desarrollo del país; donde se contrastaban las ideas y cuyo ministro presidía el gabinete económico. La brújula económica del Estado.
Su eliminación conlleva el peligro de mantener la discrecionalidad, el verticalismo y la preeminencia del “poder supremo de la chequera” por encima del análisis colegiado, racional e informado, históricamente llamado a ser aportado por ese Ministerio como principio rector de la gobernanza económica y de desarrollo.
