La agricultura no es, en Bolivia, un sector productivo más entre otros: es la columna vertebral sobre la que se ha erigido buena parte de la identidad económica y cultural del país. En efecto, desde los sistemas de andenes tiwanacotas hasta la agroindustria soyera contemporánea, el campo boliviano ha sido escenario de una acumulación histórica de saberes técnicos que merece ser leída no como folclore, sino como capital productivo genuino. Wanderley (2013) sostuvo que el sector agropecuario ha representado históricamente entre el 12% y el 15% del Producto Interno Bruto, cifra que, lejos de resultar anecdótica, revela la persistencia de una vocación agraria que ningún ciclo extractivista ha logrado desplazar del todo.
Ahora bien, reducir la importancia de la agricultura a su aporte porcentual al PIB sería incurrir en una simplificación empobrecedora. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (2022), aproximadamente el 29% de la población ocupada en Bolivia se dedica a actividades agropecuarias, lo que convierte al sector en el principal proveedor de sustento para millones de familias rurales. Por consiguiente, cualquier diagnóstico riguroso debe abandonar la mirada exclusivamente macroeconómica y asumir que el campo boliviano es, ante todo, una cuestión de justicia social.
Con todo, esta relevancia social convive con una desigualdad estructural que la historia agraria del país no ha logrado resolver. Urioste (2003) documentó que la Reforma Agraria de 1953 redistribuyó más de cinco millones de hectáreas, pero su efecto fue asimétrico: mientras el occidente andino se fragmentó en minifundios, el oriente cruceño consolidó grandes propiedades de vocación exportadora. Arze y Kruse (2004) añadieron que las políticas de ajuste estructural de las décadas de 1980 y 1990 profundizaron esta brecha, favoreciendo a los productores capitalizados en desmedro de la agricultura campesina.
Esta dualidad, lejos de haberse atenuado, se ha reproducido bajo nuevas formas. Ormachea (2009) advirtió que el modelo agrario boliviano contemporáneo combina la consolidación de la vía terrateniente en el oriente con una persistente fragmentación campesina en el occidente, contradicción que ningún marco normativo, ni siquiera la Constitución de 2009, ha logrado desactivar plenamente. Mora (2015) coincidió al señalar que la dependencia de un puñado de commodities, particularmente la soya, expone a la economía agraria boliviana a una vulnerabilidad estructural frente a los vaivenes de los precios internacionales.
A esta tensión productiva se suma una dimensión ambiental que exige atención urgente. Pacheco (2006) demostró que la expansión de la frontera agrícola en las tierras bajas orientales constituye uno de los principales motores de deforestación del país, mientras que Salazar-Soler (2008) subrayó que dicho avance genera conflictos crecientes con comunidades indígenas y campesinas. En consecuencia, el debate sobre el futuro agrícola boliviano no puede desligarse de una discusión seria sobre sostenibilidad ecológica, pues el agotamiento de los ecosistemas amenaza, a mediano plazo, la propia base material de la producción.
Asimismo, la brecha tecnológica entre estratos productivos constituye un obstáculo que las políticas públicas apenas han comenzado a enfrentar. Flores (2014) sostiene que Bolivia utiliza menos del 4% de su potencial de riego, limitación que condena a buena parte de la agricultura campesina a una dependencia casi total de la variabilidad climática. De ahí que la inversión en infraestructura hídrica no deba entenderse como un gasto sectorial más, sino como una condición estructural para la resiliencia productiva del país.
El caso de la quinua ilustra, por su parte, las oportunidades y los riesgos de insertar la producción campesina en mercados globales. Laguna (2011) indicó que el boom exportador iniciado en 2008 generó ingresos inéditos para los productores altiplánicos, pero también desplazó pastizales tradicionales y erosionó prácticas de manejo sostenible del suelo. Morales (2011), por su parte, recuerda que la extraordinaria diversidad genética de cultivos andinos (p/e más de doscientas variedades de papa) constituye un activo estratégico que Bolivia aún no ha sabido valorizar plenamente.
Frente a este panorama, resulta indispensable superar la falsa dicotomía entre crecimiento agroexportador y agricultura campesina, pues ambas dimensiones son, en última instancia, complementarias e igualmente necesarias para la soberanía alimentaria del país. La agricultura boliviana no requiere más discursos celebratorios sobre su potencial, sino políticas capaces de cerrar brechas de tierra, tecnología, crédito y agua. Solo así el campo dejará de ser, simultáneamente, motor de riqueza y símbolo de desigualdad.
