Cuando un conflicto como el actual ha llegado a los extremos que todos conocemos, es difícil hablar de avances. Por fin, el gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) han iniciado un diálogo cuyo propósito es poner fin a una crisis que ha sido creada injustificadamente.
Ha sido este diario el que ha señalado, incluso desde principios de año, que se estaba desarrollando una conspiración que arrancó con el sabotaje a la gasolina que almacena y comercializa Yacimientos Petrolíferos Bolivianos, una empresa que, aunque estatal, está en manos de una mayoría de empleados que fueron incorporados durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo.
Y, también, desde este espacio advertimos que la movilización iniciada por la COB era ilegal, puesto que no se ajustaba a la normativa vigente, ni siquiera la suya propia, e ilegítima, en el entendido de que las demandas que figuran en el pliego recientemente presentado no fueron inicialmente socializadas con sus organizaciones afiliadas, conforme señala su Estatuto.
Tras casi 50 días de un bloqueo de caminos ilegal, conculcador de derechos constitucionales y causante de muertes de personas, es obvio que el más desprestigiado es el organismo obrero, pero ese hecho, que está a la vista de todos y solo el “evismo” se empeña en no mirar, no significa que el gobierno haya ganado esta confrontación.
Después de un conflicto tan prolongado conviene recordar una verdad elemental: aquí ya no hay espacio para victorias. Después de mes y medio de parálisis, escasez, incertidumbre y fractura social, Bolivia entera ha perdido demasiado como para que alguna de las partes pretenda ahora presentarse como vencedora.
El presidente Rodrigo Paz Pereira ha intentado construir su cuestionado liderazgo sobre una narrativa de control, estabilidad y capacidad de conciliación, aunque haya regalado demasiados oídos en esa aventura, minando su credibilidad. En cualquier caso, resulta previsible que intente presentar cualquier eventual acuerdo como una demostración de fortaleza o como una validación de su estrategia de resistencia que han pagado la economía nacional y los vecinos de La Paz. Del otro lado, sectores movilizados que llevan semanas sosteniendo presión social tampoco estarán dispuestos a retirarse fácilmente sin mostrar resultados concretos ante sus propias bases, aunque sean compromisos con alta probabilidad de ser incumplidos.
¿Cómo se reconstruye la economía de un país impactado por más de un mes de bloqueos en las carreteras sin que el Gobierno haya podido evitarlos o solucionarlos a tiempo? Después de 48 días de parálisis en los caminos que conectan oriente con occidente, el aparato productivo agoniza y el resultado de esta tragedia son 2.760 millones de dólares de pérdidas, según la Cámara Nacional de Industrias (CNI).
¿Cuál será el efecto de esta crisis? Según la Fundación Jubileo, la pobreza en Bolivia aumentará y alcanzará hasta el 47 por ciento de la población —equivalente a unos 5,8 millones de personas— debido a una crisis multidimensional, la inflación, el encarecimiento de los alimentos y los conflictos. Sí, casi la mitad de los bolivianos se verá seriamente impactado.
Las cifras para un país que ya lidiaba con una crisis interna marcada por la escasez de divisas y las filas para combustible son angustiantes. Los bloqueos de caminos fueron un golpe directo al corazón de una economía duramente golpeada.
Bolivia atraviesa una crisis demasiado profunda para seguir administrando disputas bajo la lógica permanente de vencedores y derrotados. A estas alturas, ningún actor político debería aspirar a ganar. La única victoria posible consiste en evitar que el país siga perdiendo.
