El presidente Rodrigo Paz, ahora cercado por movilizaciones que no quiso cortar desde su inicio, asumió funciones el 8 de noviembre de 2025. Apenas nueve días después, en Santiago, la séptima sala de la Corte de Apelaciones de Chile anuló una subasta que se realizó en enero de 2023 en la que esas acciones fueron adjudicadas por tres millones de dólares al presidente del directorio de Ferroviaria Oriental S.A. (FOSA), Carlos Gill Ramírez.
Se puede entender que no se haya informado de este hecho en ese momento, puesto que el gobierno estaba recién llegado, pero el 17 de marzo de este año hubo otra resolución judicial: el noveno juzgado civil de Santiago dictó una medida precautoria prohibiendo transferir los títulos accionarios de FOSA e identificó como su titular a otra persona, Ricardo Bedoya Sáenz.
Cuatro meses después, el gobierno ya debía tener información suficiente sobre lo que estaba pasando. Estos asuntos se sustancian en Chile debido a que, en una paradoja de la historia, la que fue conocida como Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE) fue adquirida con capitales chilenos cuando el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada ejecutó la denominada “capitalización”.
Hasta ahora no se ha proporcionado detalles de cómo operó esa compra, porque fue tal, puesto que solo se informó que lo que era ENFE se dividió en dos, FOSA, que se encargó de cubrir rutas de pasajeros en el oriente boliviano y la empresa Ferroviaria Andina, que se dedica fundamentalmente al transporte de minerales hacia puertos de exportación.
Ahora, con estos fallos, existe incertidumbre respecto a la titularidad de las acciones del complejo entramado privado que es FOSA. La aparición del nombre de Carlos Gill es un recordatorio de todos los beneficios que tuvo este empresario, particularmente en el gobierno de Evo Morales. Vuelve a aparecer en un caso de millones de dólares.
Lo que está ocurriendo con FOSA Es la expresión más nítida de un circuito que lleva años funcionando sin frenos: dinero previsional que financia deuda privada, estructuras societarias opacas y un Estado que, pudiendo intervenir, opta por no hacerlo.
Y aquí aparece un elemento crítico: el origen de ese dinero. No se trata únicamente de crédito bancario ni de inversión privada convencional. Una parte sustancial de esos recursos proviene —directa o indirectamente— de los fondos de pensiones, es decir, del ahorro de millones de trabajadores bolivianos.
El mecanismo es conocido, pero no por ello menos preocupante: los fondos se canalizan a través de bancos y fondos de inversión, estos adquieren bonos de las empresas ferroviarias, y estas sostienen su operación —y su endeudamiento— con nuevas emisiones o ingresos extraordinarios. Un circuito cerrado donde el riesgo se socializa, pero los beneficios se concentran, porque no hay que olvidar, en este caso, que el "inversor extranjero" no trae capital extranjero y arriesga poco, pero sí expatría los dividendos a países extranjeros. Para ponerlo en términos sencillos: los ahorros de los trabajadores son exportados como los minerales que transporta el ferrocarril.
Debido a que involucra recursos de todos los bolivianos, el gobierno estaba obligado a informar sobre lo que está pasando con FOSA pero, sorprendentemente, ha guardado silencio hasta hoy. El caso se ha conocido mediante publicaciones de un diario tarijeño ante las cuales no hubo reacción oficial alguna.
Hay decisiones que se toman hablando y otras que se asume callando. En Bolivia, demasiadas veces, se opta por el silencio.
