Corría el año 1976. El Cono Sur de América Latina (Argentina. Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Brasil) vivía bajo dictaduras militares de la doctrina de la seguridad nacional, instauradas con el objetivo de eliminar al enemigo de la civilización occidental y cristiana, el comunismo, que no estaba en las lejanas Unión Soviética o China, sino dentro de los nombrados países, agazapado en los partidos políticos de izquierda, sobre todo los marxistas leninistas, en los sindicatos, gremios, agrupaciones de todo tipo e incluso en algunas iglesias como la católica y la metodista. Había que detener al comunismo.
La seguridad nacional había empezado a aplicarse en Brasil, en 1964, cuando el gobierno progresista de Joao Goulart fue derrocado por los militares encabezados por Castelo Branco. Le siguió la primera dictadura argentina del siglo pasado, encabezada por Juan Carlos Onganía, en 1966. Luego el turno fue de Banzer en Bolivia, en 1971, Pinochet en Chile, en 1973; Jorge María Bordaberry en Uruguay, también en 1973; y nuevamente Argentina con el temible trío Videla – Massera – Agosti, en 1976.
Las dictaduras nombradas suprimieron el Poder Legislativo, prohibieron el funcionamiento de los partidos políticos, de los sindicatos, de los gremios profesionales y también de organizaciones de Iglesia.
Los derechos humanos de primera generación, civiles y políticos, estuvieron fuertemente restringidos en su ejercicio. No podía, por ejemplo, ejercerse el derecho a la libertad de expresión, de reunión, de asociación. La práctica de la tortura, el asesinato, la desaparición forzada de personas, el exilio, el encarcelamiento prolongado y sin juicio alguno, eran moneda corriente. Los otros derechos humanos también eran violados.
En ese marco, desde la sociedad civil surgieron diferentes organizaciones que buscaban restaurar la vigencia de los derechos conculcados. Por ejemplo, en Chile fue famosa la actuación de la Vicaría de la Solidaridad; en Argentina, las madres y abuelas de la Plaza de Mayo; en Bolivia, la Comisión Justicia y Paz y, más tarde, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDHB) y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD). Y así, por el estilo.
En ese contexto, el 23 de marzo de 1976, fue fundada la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo y la Acción Social, UNITAS, con una evidente participación de la Iglesia Católica. “La razón de su creación fue constituir un mecanismo de defensa frente a la amenaza que significaba la dictadura militar de Hugo Banzer para organizaciones sociales e instituciones dedicadas a la promoción popular, en un contexto sistemáticamente represivo”, se lee en la página de la institución.
Al abrirse el proceso democrático, UNITAS no solo contribuyó a que las organizaciones populares asumieran la representación de la sociedad civil manteniendo su independencia de la función pública, sino que se constituyó en lo que se llamó una ONG de ONGs”, cooperando a sus afiliadas en infinidad de trámites ante el Estado, porque ya en la década de los ’90 el Estado decidió controlar el funcionamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). En aquella época existían otras redes de ONGs como AIPE y la Coordinadora Nacional de Asesorías Jurídicas Populares (CONAPO).
Los tentáculos de MAS para eternizarse en el poder llegar a las Organizaciones de la Sociedad Civil como UNITAS. Connotados miembros del masismo habían ocupado puestos de dirección en ONGs y sabían de su importancia; había que controlarlas. La Ley 351 de Otorgación de personalidades jurídicas y sus varios decretos supremos, fueron el instrumento para ello. UNITAS tomó a su cargo la defensa de la libertad de asociación reconocida por la Constitución Política del Estado y negada -como muchas otras libertades y garantías- por los gobiernos del MAS.
Una prueba de ello, entre muchísimas otras, fue la reunión de defensores de derechos humanos que llevó adelante en 2019, al cabo de la cual demandó al gobierno garantías y protección de la labor de los defensores de derechos humanos, reconocimiento de la lucha histórica y la autonomía de los movimientos sociales, la instauración de un proceso de diálogo político permanente que garantice la participación de las OSC.
En ocasión de la intervención del masismo a la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y la ocupación de sus oficinas, UNITAS mostró su plena solidaridad y compromiso con esa institución y con su octogenaria presidente.
Una de sus últimas actuaciones estuvo relacionada a la Ley Nº 1720, que autoriza la conversión “voluntaria” de pequeñas en medianas propiedades, que le valió -como antes- denuestos de un nuevo “mesías”, acaparador de tierras y lagunas, que en sus insultos se parece mucho al ex vicepresidente que, con recursos del Estado y copiando a Lenin, escribió un libro sobre el Oenegismo como enfermedad infantil del derechismo”.
Hace algunos años, UNITAS recibió de la Defensoría del Pueblo el Galardón Derechos Humanos 2015, en reconocimiento destacó a su labor en la promoción, defensa y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en el país durante esa gestión.
Hoy, quienes conocemos el trabajo denodado de UNITAS y de varias de sus asociadas, saludamos con fervor su 50º aniversario y deseamos que continúe prestando sus servicios y ayuda en la temática de los derechos humanos.
¡Feliz 50 aniversario!
