Durante la reciente crisis de la gasolina, las autoridades del sector han denunciado, reiteradamente, un sabotaje interno en YPFB. Sin embargo, al no identificarse autores, lo más probable es que estemos ante omisiones culposas en la logística de compra, certificación de calidad y almacenamiento. El saldo es una profunda erosión de la confianza ciudadana en la estatal petrolera.
En este contexto, el éxito de la reducción de la subvención a los carburantes corre el riesgo de naufragar, debido a un sabotaje de mayor calibre a la economía de Bolivia que viene de un gran aliado del presidente Rodrigo Paz. Me refiero al indescifrable Donald Trump y a la guerra no declarada a la República Islámica de Irán, un régimen que atrae escasas simpatías globales.
Este conflicto ha provocado la parálisis del comercio petrolero en el Estrecho de Ormuz, un cuello de botella geográfico por donde transita el 20% del crudo mundial y del Gas Natural Licuado (GNL). Aunque el destino mayoritario de este petróleo sea el Extremo Oriente, su naturaleza de commodity implica que cualquier interrupción dispara los precios en todos los rincones del globo. De hecho, hoy, el barril ronda los 100 dólares, un incremento del 50% en apenas un mes.
La respuesta de Irán, bajo la lógica de "muera Sansón con todos los filisteos", ha golpeado no solo las bases militares estadounidenses de la región, sino también la infraestructurapetrolera y turística de las monarquías del Golfo. El objetivo de Teherán es diáfano: asfixiar la economía de los aliados de Washington para que estos fuercen un cese de hostilidades a la brevedad.
Mientras el mundo se convulsiona, muchos países mitigan el impacto mediante dos recursos: reservas estratégicas de combustibles (capaces de cubrir seis o más meses de consumo) y una diversificación real de proveedores. En vista de que no es posible compensar la caída de la producción árabe en su totalidad, la única válvula de escape global sería el retorno de Rusia al comercio legal del petróleo, suspendiendo las sanciones de Occidente, eventualmente a cambio de una resolución definitiva a la "cuestión ucraniana".
Es evidente que la duración del conflicto es la variable clave para predecir el tamaño del desastre que se avecina: una guerra prolongada de semanas o meses pintaría el peor escenario.
Ahora bien, Bolivia, carente de reservas estratégicas de carburantes y de suficientes divisas para garantizar la importación de petróleo con los nuevos precios, se enfrentaría a un dilema letal: incrementar sensiblemente el precio en surtidor o restaurar la subvención para evitar el estallido social. En términos llanos, la alternativa es elegir entre el hambre de la inflación o la peste del déficit fiscal incontrolable.
No es el momento de sembrar el pánico, pero sí de exigir una hoja de ruta realista al gobierno de Rodrigo Paz. Ante la crisis, propongo dos ejes de acción inmediata:
* Actuar con diplomacia energética. Es imperativo aprovechar el capital político de las relaciones internacionales actuales para negociar descuentos, créditos blandos o compensaciones en la compra de crudo. Si otros países lo han logrado, también Bolivia debe usar su fragilidad económica como un argumento en los foros regionales.
* Pensar en la soberanía energética. La lección de esta crisis es que la dependencia de los hidrocarburos es un anacronismo peligroso. Bolivia debe apostar decididamente por las fuentes renovables. La transición no es un lujo ambientalista; es una necesidad de seguridad nacional.
Que a este proceso lo llamemos transición, diversificación o supervivencia energética es irrelevante, si logra librarnos de ser rehenes de un estrecho a miles de kilómetros de distancia.
