La política energética de los últimos 20 años ha vaciado los campos de gas y las bóvedas del Banco Central. Las consecuencias son: el derrame de divisas por la importación de carburantes, parcialmente controlado con el reajuste de precios del DS 5516; el riesgo de tener que importar gas a corto plazo, máxime para seguir generando termoelectricidad; y la debilidad de la moneda boliviana, aliviada mediante préstamos frescos de organismos internacionales.
El propósito del actual gobierno es revertir ambas tendencias: descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos, atrayendo capitales de riesgo, y estabilizar el tipo de cambio.
En este contexto, ha surgido la buena noticia del pozo DMO-X3, operado por Petrobras, que tendría una potencialidad (por confirmar) de unos 2 TCF. La mala noticia es que ese pozo se encuentra en el “área de influencia” (aunque no al interior) de la Reserva Nacional de Tariquía, ubicada en el departamento de Tarija, sobre casi 250 mil hectáreas.
Por tanto, el dilema que se presenta al nuevo gobierno es permitir explorar y eventualmente explotar hidrocarburos en esa “área de influencia”, para incrementar la producción de gas y mejorar las finanzas del país (y de Tarija), o frenar esa operación petrolera para evitar posibles daños al ambiente y perjuicios a las poblaciones indígenas y campesinas que habitan ahí.
Es necesario aclarar que el actual gobierno ha heredado ese dilema y el contrato de servicios (aprobado en todas las instancias), de modo que, en el respeto de la seguridad jurídica, rige la continuidad administrativa de los actos legales. Por otro lado, el proyecto está enfrentando una amplia oposición cívica y ambientalista. Encontrar un equilibrio en este dilema no es fácil, ni ayuda la aparición de contraproducentes “defensores de Tariquía”, pero no hay otro camino que analizar con honestidad el tema en todas sus dimensiones, dejando de lado amenazas y chantajes, de ambos lados.
Eso es precisamente lo que acaba de hacer Javier Aliaga Lordemann, economista investigador del INESAD (Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo) en un estudio publicado en el Boletín Síntesis No. 49 de esa prestigiosa institución, estudio que recomiendo para su lectura por los sólidos argumentos, al margen de algunas imprecisiones técnicas, consecuencia de la confusa información disponible.
Señalaré un par de tópicos de interés.
El pozo de marras se encuentra indudablemente fuera de la Reserva de Tariquía, pero eso no garantiza que no existan riesgos tanto en las operaciones de perforación de los pozos necesarios como en las eventuales actividades de explotación y evacuación de la producción. Para evaluar esos riesgos, que el Boletín detalla, existen los estudios ambientales, la licencia respectiva y la consulta a los pobladores. Todo eso se ha hecho y lo único que se podría sugerir es una auditoría para verificar que se obró correctamente, habida cuenta de la poca transparencia de YPFB en el pasado.
Un segundo aspecto es el destino de la eventual producción de gas. Por lo poco que se ha informado se trata de un descubrimiento importante, pero no de un mega campo. Aun así, el destino de la producción presenta otro dilema: ¿habrá que consumirla mayoritariamente en el mercado interno (termoeléctricas, in primis) para retrasar la importación de gas o convendrá exportarla para obtener divisas y regalías?
Por cierto, en el marco de la transición energética, se trata de un falso dilema. Comparto sin reservas la sensata sugerencia del Boletín de privilegiar la exportación, sincerar los costos de la energía y disminuir la dependencia del gas en la generación eléctrica, acudiendo a las abundantes fuentes renovables que posee Bolivia.
