Las rebeliones que se produjeron entre 1809 y 1810 en el territorio que hoy es Bolivia no les dieron libertad a sus respectivas ciudades ya que, una por una, fueron recuperadas por los realistas en operaciones comandadas por el brigadier arequipeño José Manuel de Goyeneche. Ante esa situación, surgieron las republiquetas; es decir, territorios controlados por uno o algunos líderes que, por eso mismo, no obedecían las órdenes de las autoridades españolas.
Hoy en día, el adjetivo “republiqueta” no aparece en el Diccionario de la Lengua Española, pero se lo reconoce, todavía extraoficialmente, como al territorio precariamente organizado, frecuentemente sometido a regímenes y con un grado vago de institucionalidad. Basta esa ligera descripción para entender que, hoy en día, existen republiquetas en Bolivia, pero no tienen el carácter heroico de aquellas que sustentaron la Guerra de la Independencia, sino que, por el contrario, defienden intereses particulares y generalmente actúan en contra de la ley.
La republiqueta que ya todo el país conoce es la del Chapare. Esta es territorio de cocaleros y, como tal, no reconoce la autoridad del Estado boliviano. Las fuerzas de seguridad, como el Ejército y la Policía, no ingresan al lugar y, si lo hace, deben avenirse a las condiciones previamente pactadas con los líderes de las seis federaciones de cultivadores de coca.
Además del tráfico ilícito de cocaína, la republiqueta del Chapáre ha desarrollado otras actividades ilegales como, por ejemplo, el secuestro de personas con fines de extorsiones o cobros por devolver a la persona secuestrada. En el San Juan recién pasado, un joven de 24 años fue secuestrado en Sinahota.
La familia del hombre informó a la Policía que recibió mensajes que exigen 50 mil dólares a cambio de la liberación o, de lo contrario, lo encontrarán sin vida. Mientras los investigadores siguen el rastro de los secuestradores, los allegados de la víctima viven una larga angustia sin saber qué más hacer.
En mayo de este año, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que en la región del trópico de Cochabamba se reportó 13 secuestros en 2023. Por lo mismo, en diciembre de ese año ordenó un operativo con la presencia de uniformados de distintos Departamentos para “pacificar” estos municipios donde no sólo hay secuestros, sino que también están estrechamente relacionados con torturas, acribillados y casos de narcotráfico.
Algunas localidades, como Entre Ríos, Villa Tunari, Chimoré y Shinahota, son los más afectados por el flagelo de la delincuencia. La Fiscalía informó que el año pasado hubo 23 casos de violencia extrema en el trópico, y la zona de Entre Ríos fue la más afectada.
El Ministerio de Gobierno y la Policía informaron que se desarticuló una banda de secuestradores conformada por una familia; sin embargo, meses después se sigue presentando estos delitos. Se presume que los líderes de esta organización criminal siguen dirigiendo a sus integrantes desde la cárcel, lo que no sería algo nuevo en Bolivia.
Lo que ha ocurrido con la republiqueta del Chapare es que los cocaleros tomaron el control de ese territorio y la ausencia de la autoridad estatal propició el surgimiento de grupos delincuenciales que, en ocasiones, ya ni siquiera están vinculados al narcotráfico. Por razones políticas, los gobiernos no se metieron con el Chapare y los resultados son los que comentamos.
Tristemente, el del Chapare no es el único caso. El poder que han alcanzado las cooperativas mineras, que se están reproduciendo como hongos en las zonas auríferas, es una advertencia de que pronto tendremos más Chapares en el país, aunque no vinculados con el narcotráfico, sino con la minería. Ese es tema para una posterior entrega.
