El conflicto por el censo 2023, tuvo como punto de partida el 21 de julio de 2021, cuando el Presidente Luis Arce Catacora promulgó el Decreto Supremo 4546, en el que declaraba de prioridad nacional la realización del censo, el 16 de noviembre de 2022, siguiendo la tradición nacional e internacional, de hacer censos cada 10 años. Paradójicamente esta fecha, estábamos en pleno paro cívico, reclamando su realización para el 2023.
El conflicto propiamente dicho dio inicio el 13 de julio de 2022, cuando se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto Supremo 4760, que postergaba el censo 2022, para “máximo entre los meses de mayo y junio de 2024”.
Este decreto generó una ola de protestas en el país, con especial énfasis en Santa Cruz, donde el Comité pro Santa Cruz llamó a un paro de 24 horas, rechazando la postergación del Censo de Población y Vivienda. Ante la negativa del gobierno de acceder al pedido Cruceño, el paro se llevó adelante el 25 de julio 2022, el mismo que fue disciplinadamente acatado por la ciudadanía.
El gobierno seguía haciendo oídos sordos al pedido de Santa Cruz, lo que obligó al Comité pro Santa Cruz a realizar un segundo paro de 48 horas, esta vez el 8 y 9 de agosto de 2022. Paro que también fue acatado disciplinadamente.
Ante la tozudez del gobierno, de no escuchar al pueblo Cruceño, fue ineludible llamar a un paro indefinido, como ya había sido anunciado por el Comité pro Santa Cruz, en los paros anteriores. El paro indefinido comenzó el 22 de octubre de 2022 y terminó al medio día del 26 de noviembre 2022, después de 36 días. Fue el paro más largo de la historia universal.
Este paro se desarrolló con un altísimo grado de civismo y participación ciudadana, donde mujeres y hombres de toda edad y condición social, participaron activamente asegurando su éxito. Las protestas en las rotondas y las ollas comunes, fueron su punto más alto, y el cerco masista, así como los abusivos ataques de la policía contra manifestantes pacíficos, su punto más bajo.
El epítome de este conflicto, fue la realización del apoteósico cabildo del 13 de noviembre del 2022, donde alrededor de 2 millones de ciudadanos; el mayor evento democrático de la historia nacional, se reunieron a los pies de nuestro Cristo Redentor, donde el presidente del Comité pro Santa Cruz Rómulo Calvo Bravo, realizó 5 preguntas a los asistentes. La segunda de ellas fue la que más roncha sacó: “¿Están todos de acuerdo en delegar al comité pro Santa Cruz, la convocatoria a una comisión constitucional que, en el marco legal y democrático, revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano?”
¿Qué se logró con el paro de los 36 días?: 1) Que el gobierno revise su posición, de no hacer censo hasta después de las elecciones de 2025, 2) Se lo obligó a poner la fecha del censo para 2024, mediante el Decreto Supremo 4824, de 12 de noviembre de 2022, ratificado en el parlamento; ante la desconfianza Cruceña, mediante la Ley 1492, de 02 de diciembre de 2022, 3) Se lo obligó a repartir escaños el 2024, 4) Se lo obligó a repartir recursos el 2024. Lo único que logró el gobierno, es hacer el censo el 2024, tres meses después de finalizado el 2023.
Cabe notar que el MAS hizo 3 decretos supremos diferentes respecto a la fecha del censo y una ley, durante el desarrollo de esta prolongada confrontación. La ley fue promulgada por presión de la primera pregunta del cabildo del 13 de noviembre del 2022, zanjando el conflicto.
Con todos estos logros ganó Santa Cruz, ganó Bolivia.
