Después de veinte años de una fuerte degradación moral; sin precedentes en la historia boliviana, que nos dejó el narco-MAS, resulta imperativo comenzar a recuperar la moral pública perdida. Se siente en las calles, se comenta en reuniones familiares, se discute en tertulias informales y aparece como preocupación recurrente en el ciudadano común. Sin embargo, sorprende la escasa importancia que nuestras autoridades le asignan, como si se tratase de un asunto de poca monta, cuando en realidad constituye uno de los pilares sobre los que descansa la convivencia democrática y el futuro mismo del país.
La destrucción de la moral pública, es el legado más nefasto del populismo cocalero en Bolivia. Cuando la política se divorcia de la moral, el poder deja de ser un instrumento para el bien común y se convierte en un fin en sí mismo. Se relativizan las normas, se justifican los abusos y se normaliza lo que antes era inaceptable. Así, la sociedad comienza a tolerar prácticas que erosionan lentamente la confianza pública, debilitando el tejido moral que sostiene la vida colectiva.
No me cansaré; como lo he hecho tantas veces en mis columnas de opinión, el seguir reivindicando una sociedad, un gobierno y, finalmente, un Estado que caminen a la luz de una moral pública decente. La moral no es un concepto abstracto ni una idea reservada a la filosofía; es la base sobre la que se asienta la vida de un país. Es el mar de fondo donde la comunidad desarrolla su existencia y expresa su alma colectiva. Cuando ese mar se contamina, todo lo demás se resiente: la justicia pierde credibilidad, la política se degrada, la economía se distorsiona y la convivencia se vuelve frágil. Por eso, la moral pública no es un tema menor; es una condición sine qua non para el desarrollo y la estabilidad nacional.
La brutal corrupción que hoy se observa en Bolivia, es un resultado natural de la falta de moral imperante. Cuando el relativismo moral se impone, muchos terminan vendiendo su alma al diablo, a cambio de fortuna o privilegios. Ya no importa el cómo, sino únicamente el cuánto. El éxito deja de medirse por el mérito y pasa a medirse por la acumulación de riquezas, aun cuando estas provengan de prácticas indebidas, llegando incluso a inmiscuirse con el abominable narcotráfico. Este deterioro cultural genera un círculo vicioso: la corrupción alimenta la desconfianza, la desconfianza debilita las instituciones y las instituciones debilitadas facilitan más corrupción. Así, el país entra en una espiral que compromete su presente y amenaza su futuro.
Hubo tiempos en los que la formación moral era parte integral de la educación formal. Nuestros abuelos estudiaban en las escuelas el Manual de Carreño, donde se enseñaban deberes ciudadanos, normas de conducta y principios de convivencia. Ese tipo de formación contribuía a construir una sociedad con mayor sentido del respeto y la responsabilidad. Hoy, en cambio, se ha relegado la educación moral a un plano secundario, como si la instrucción técnica bastara para formar ciudadanos. Pero no se cosecha lo que no se siembra, si no inculcamos valores, no podemos esperar conductas virtuosas; si no promovemos la decencia, no podemos exigir honestidad.
La moral es el parámetro que marca el verdadero grado de evolución de una sociedad. No basta con indicadores económicos o avances tecnológicos, el progreso auténtico se mide por la calidad ética de la vida pública. Una nación puede crecer en infraestructura y riqueza, pero si se deteriora moralmente, ese crecimiento será frágil y eventualmente insostenible. La historia demuestra que los Estados no solo colapsan por crisis económicas o conflictos externos, sino también por la pérdida de valores que sostenían su cohesión interna. Por ello, la moral pública es un tema básico para el progreso, el bienestar y, en última instancia, la subsistencia de los Estados.
El desafío más grande que tiene Bolivia, es que la ética llegue al poder, parafraseando a Adela Cortina, la filósofa española. Es momento de que los conductores de nuestra sociedad, den la cara por este desafío. La responsabilidad no recae únicamente en los políticos; también involucra a las familias, las escuelas, los colegios, las universidades y los medios de comunicación. Todos cumplimos un rol en la formación de la conciencia colectiva. La familia transmite los primeros valores; la escuela los refuerza; la universidad los madura; y los medios influyen en la percepción social de lo correcto y lo incorrecto. Si cada uno asume su responsabilidad, será posible iniciar una reconstrucción moral que fortalezca la vida pública.
No permitamos que la inmoralidad se endiose en nuestra sociedad. No permitamos que el dinero y los bajos instintos definan el rumbo de nuestra convivencia. Recuperemos la decencia legada por nuestros ancestros, esa que se fundaba en el honor, el respeto a la palabra y el sentido del deber. La reconstrucción moral no ocurrirá de la noche a la mañana, pero debe comenzar con una decisión firme: volver a colocar la ética en el centro de la vida pública. Solo así podremos aspirar a una Bolivia más justa, más transparente y más digna para las generaciones futuras.
