En la continuidad de la presentación de informes del gobierno de Rodrigo Paz, el Ministerio de Hidrocarburos destacó la “difícil decisión” de suspender la subvención al diésel para que el precio del combustible se fije según las fluctuaciones del mercado internacional.

Junto a la suspensión de la subvención del diésel, esta cartera de Estado aplicó otras dos acciones que dieron como resultados la intervención temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) por 180 días, mediante los Decretos Supremos 5699 y 5697, con la finalidad de acabar la corrupción en ambas instituciones.

Según el Gobierno, esas mafias operaban desde la protección que les brindaron anteriores gestiones y, sobre todo, la misma administración de YPFB. El combustible era contrabandeado sobre todo en zonas fronterizas con Perú y Brasil, países donde era vendido dado su bajo costo en el mercado boliviano, causando déficit en la economía del Estado y, a su vez, escasez en el país y largas filas de vehículos esperando en los surtidores, mientras los contrabandistas, incluso, se llevaban el producto en tanques “dobles”.

Esta lucha contra la corrupción ameritó iniciar auditorías en las instituciones del sector, remitir denuncias al Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia y a entes jurisdiccionales, además de reestructurar las empresas del área con apoyo de consultorías internacionales para mejorar su eficiencia, destacó el Ministerio de Hidrocarburos.

También resaltó la habilitación de la importación privada de combustibles y la compra directa de petróleo crudo para reactivar las refinerías Gualberto Villarroel en Cochabamba y Guillermo Elder Bell en Santa Cruz, mediante los DS 5517 y 5644.

Inversiones

El Ministerio informó que se elaboran nuevas leyes de hidrocarburos y electricidad para reordenar esas actividades para atraer inversiones.

También expone acuerdos de integración energética con Brasil y Chile para la interconexión eléctrica. De igual manera, anuncia gestiones para avanzar en acuerdos con Paraguay, Perú y otros países.

Otro eje de trabajo en las instituciones que administran el sector energético nacional fue la política de austeridad y eficiencia institucional traducida en reducción del 20% del importe total de la planilla salarial del Ministerio, recorte del 10% el gasto corriente, y se reestructuró la escala salarial como parte de las medidas de disciplina fiscal.

Cambio de matriz energética

La cartera de Estado estableció ocho tareas a ejecutar en 2027. La primera es consolidar el abastecimiento continuo de combustibles en los nueve departamentos.

En segundo lugar, avanzar en la diversificación de la matriz energética para el sector transportista. Hasta noviembre de 2026, el programa Entidad Ejecutora de Renovación Vehicular PATRIA (EERV-PATRIA) logró la reconversión de 1.825 vehículos convertidos a Gas Natural Vehicular (GNV). La meta global es de 15.000 conversiones con kits de tercera y quinta generación para abastecer los talleres de todo el país.

Este cambio de matriz fue establecido en el DS 5726 y tiene el objetivo de apoyar al sector del transporte público en el marco del cambio de matriz energética.

Electricidad 

Durante el primer año de gestión, Hidrocarburos informó que se consolidó el financiamiento del Programa de Inversiones para la Transición Energética del Norte Amazónico Boliviano, con un financiamiento de 204,2 millones de dólares aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El programa interconectará los sistemas aislados de Cobija, Guayaramerín y Riberalta con las redes de distribución de los estados brasileños de Acre y Rondônia, beneficiando a 209.000 habitantes de Beni y Pando con el servicio de electricidad, que incluye la instalación de plantas de energía solar fotovoltaica (transforma la luz solar en electricidad) con sistemas de almacenamiento en comunidades remotas.

Un beneficio directo al Estado con este programa es el ahorro directo de más de $us 52 millones anuales que hoy en día se gastan en la importación de diésel para generación eléctrica, lo que a su vez repercutirá en la preservación ecológica porque se reducirán 150.000 toneladas de dióxido de carbono al año.

Otro tema en agenda es impulsar la conclusión de proyectos hidroeléctricos estratégicos como Ivirizu (290 Megawatts-MW) y Miguillas (208 MW).

También se impulsarán proyectos de generación eólica, entre ellos Warnes II, con una potencia instalada de 45 MW.

En generación solar se implementará aproximadamente 300 MW mediante subastas. También se incorporará 100 MW de generación distribuida, y se fortalecerá la integración eléctrica con países vecinos.

Finalmente, se dará continuidad a la reestructuración y modernización de las empresas estatales del sector (YPFB y la Empresa Nacional de Electricidad ENDE).

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