El primer año de gestión del presidente Rodrigo Paz dejó avances iniciales en materia económica, pero no logró modificar las estructuras de poder que mantienen capturado al Estado. Esa es la evaluación del analista financiero y excandidato Jaime Dunn, quien resumió este periodo con una frase: “Cambió el Gobierno, pero no cambió el sistema”.

En una entrevista con la red Erbol, Dunn sostuvo que Bolivia continúa sometida a un modelo prebendal y corrupto que limita la capacidad de acción del Ejecutivo. Consideró que la crisis nacional trasciende el ámbito económico y tiene también un componente moral, reflejado en los casos de narcotráfico, las denuncias contra autoridades judiciales y los hechos relacionados con las maletas y el oro.

A su juicio, el Gobierno llegó al poder sin una estructura política suficientemente consolidada para impulsar una transformación profunda. “No llegó con vehículo propio, no llegó con gente propia, no llegó con ideología y convicciones”, afirmó.

El analista cuestionó que, durante este primer año, no se hayan concretado reformas institucionales de fondo y advirtió que la demora en la toma de decisiones y la debilidad del Ejecutivo pueden favorecer la continuidad de las estructuras que pretende cambiar.

En el ámbito económico, Dunn identificó algunos resultados positivos, como los primeros pasos para corregir el modelo económico, la reducción de la inflación, la unificación de los tipos de cambio, el incremento de las reservas internacionales y las medidas iniciales para enfrentar la subvención a los carburantes.

Como referencia, mencionó que la inflación descendió del 20,4% registrado al cierre de 2025 a aproximadamente el 7% interanual en octubre de 2026. Sin embargo, aclaró que estos indicadores corresponden a una etapa de estabilización y no representan todavía una recuperación de la economía.

“Estabilizar es dejar de caer. Estamos cayendo todavía. Recuperarse es volver a crecer y Bolivia todavía no está creciendo”, puntualizó.

Dunn también observó que el costo del ajuste económico continúa recayendo sobre la población y el sector privado, mientras el aparato estatal mantiene elevados niveles de gasto y endeudamiento. En ese sentido, alertó que el déficit fiscal proyectado llega al 9,2% y que la deuda pública podría superar el 100% del producto interno bruto (PIB).

“El ciudadano ya pagó parte del ajuste con inflación, devaluación, recesión; ahora le toca ajustarse al Estado”, manifestó. Sostuvo que la reducción del gasto debe comenzar por los privilegios de quienes ejercen el poder y no afectar nuevamente los ingresos de las familias.

Otro de los puntos centrales de su evaluación fue la crisis de la justicia, a la que consideró un obstáculo para la seguridad jurídica, la inversión y el crecimiento económico. “La primera medida económica es la justicia. Sin justicia no hay seguridad jurídica, sin seguridad jurídica no hay inversión. Sin inversión no hay desarrollo, no hay prosperidad”, expresó.

En esa línea, cuestionó que el relevo de autoridades no garantice por sí mismo una transformación institucional y planteó la necesidad de construir un sistema judicial independiente de los intereses políticos y económicos.

“No necesitamos una justicia que cambie de dueño. Necesitamos una justicia que no tenga dueño”, remarcó.

Finalmente, alertó sobre la capacidad del narcotráfico para infiltrarse en las instituciones y ganar influencia dentro del aparato estatal. Advirtió que el problema adquiere una dimensión mayor cuando las organizaciones criminales dejan de evadir los controles públicos y consiguen someterlos a sus intereses.

“El narcotráfico se vuelve verdaderamente poderoso cuando deja de esconderse del Estado y empieza a comprar al Estado”, concluyó.

..........

Señor Lector, este es solo un reporte. La información completa está en la edición impresa de El Potosí.