La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) identificó a más de 50 personas realizando labores simultáneas de extracción aurífera, más de una decena de pozos abiertos en un cerro y una poza artificial para la concentración de mineral durante una intervención en el municipio de Villazón, del departamento de Potosí.
El operativo fue activado a partir de denuncias que alertaban sobre actividades extractivas en las cercanías de la comunidad de Chipihuayco. Ante estos reportes, la Dirección Nacional y la Dirección Regional Tupiza-Tarija de la AJAM coordinaron acciones de fiscalización, con acompañamiento policial, para verificar lo que estaba ocurriendo en el lugar.
Durante la inspección del área minera denominada “Juanita Ruiz I”, la comisión encontró decenas de excavaciones sobre la ladera del cerro, grandes cantidades de tierra removida y personas que utilizaban picotas, palas, baldes, mangueras y otros implementos para extraer oro, según un reporte de la institución.
También se identificaron más de 30 motocicletas utilizadas para trasladar a los trabajadores y, mediante un sobrevuelo con dron, una poza artificial destinada a la concentración del mineral.
El operativo se realizó el jueves 29 de octubre y permitió constatar que alrededor de 50 personas trabajaban simultáneamente en distintos puntos del sector.
Según el informe, la intervención estuvo marcada por hechos de extrema gravedad, ya que los funcionarios recibieron amenazas de ser rociados con gasolina y prendidos fuego.
Entre tanto, al advertir la presencia de la comisión y de los efectivos policiales, varias personas huyeron por caminos alternativos y senderos de las laderas del cerro.
“Estamos frente a una actividad extractiva que no solo opera al margen de la normativa, sino que compromete los recursos que pertenecen a todos los bolivianos. La AJAM tiene la responsabilidad de intervenir y hacer cumplir la ley, porque ninguna actividad minera puede estar por encima del Estado”, afirmó el director departamental de Potosí de la AJAM, Óscar Santos Orellana.
La AJAM aclaró que el sector intervenido se encuentra únicamente en trámite de solicitud de Contrato Administrativo Minero, una condición que no habilita el inicio de actividades extractivas.
La entidad recordó que ningún trámite pendiente autoriza la explotación de recursos minerales sin contar previamente con el correspondiente derecho minero.
El informe de inspección fue remitido a la Dirección Nacional para impulsar las acciones administrativas y penales correspondientes, incluidas las investigaciones por las amenazas contra los funcionarios.
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