Desde un punto de vista estrictamente técnico y jurídico, Roger Mariaca, continúa en el ejercicio pleno de sus funciones como fiscal general del Estado, ante los ojos de la ley. Así lo explicó el abogado constitucionalista Edgar Arraya a Correo del Sur Radio, quien remarcó que la vigencia de la autoridad debe evaluarse conforme a la normativa vigente y no mediante posturas o criterios de carácter político.
Arraya enfatizó que para comprender la situación jurídica del titular del Ministerio Público es importante revisar la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley N° 260 de Organización del Ministerio Público.
De acuerdo con lo manifestado por el jurista, la ley establece que el fiscal general se mantiene en el cargo en tanto no se configure una causal legal de cesación, como una renuncia voluntaria o la existencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada con calidad de “cosa juzgada”.
El especialista subrayó que, al margen de apreciaciones personales o corrientes de opinión, las disposiciones legales son claras respecto a la continuidad institucional. En ese sentido, recordó que la autoridad permanece al frente de la entidad mientras se llevan adelante investigaciones sobre diversas denuncias e irregularidades.
Propuesta
Más allá del análisis sobre la cabeza del Ministerio Público, el jurista advirtió una preocupante penetración del narcotráfico en estructuras del Estado, incluyendo el Órgano Judicial y la Policía Nacional. Ante esta situación, hizo un llamado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para promulgar una ley corta de reestructuración y reforma de la justicia, además de llevar a cabo auditorías independientes a los administradores de justicia.
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