La exministra de Comunicación Roxana Lizárraga aseguró que está dispuesta a asumir responsabilidad por sus actuaciones en los procesos iniciados durante el gobierno de Luis Arce, al tiempo que rechazó cualquier intento de vincularla con el caso de Fernando Cerimedo.

La exautoridad salió al paso de publicaciones en redes sociales que la relacionan con el investigado debido a que su exesposo, el abogado Ramiro Vega, asumió su defensa. Lizárraga negó de forma categórica cualquier relación con Cerimedo o con Nadia Beller, tanto en el ámbito profesional como económico o político.

“Estoy dispuesta a responder por cada uno de mis actos. Lo hice como periodista. Lo hice como ministra. Y lo haré hoy como ciudadana”, manifestó, al remarcar su disposición a enfrentar los procesos abiertos en su contra.

Explicó además que, tras conocer mayores detalles del caso, fue ella misma quien pidió a Vega apartarse de la defensa. Según indicó, tomó esa decisión luego de conversar con una persona que tenía conocimiento de los hechos y concluir que se trataba de una situación “mucho más compleja y potencialmente peligrosa” de lo que inicialmente parecía.

Lizárraga también denunció la existencia de una campaña de desprestigio en su contra, señalando que se están difundiendo de manera parcial procesos impulsados durante gestiones del MAS. En ese marco, anunció que conservará publicaciones, mensajes y otros elementos con el objetivo de identificar a los responsables.

Como antecedente, recordó que en 2024 fue sentenciada en un proceso vinculado a movimientos bancarios registrados entre 2019 y 2020, caso que cuestionó al considerar que estuvo marcado por persecución política. Afirmó que cuenta con documentación para sustentar sus recursos.

“Yo también quiero regresar a Bolivia. Y quiero regresar con mi nombre limpio”, expresó, al pedir que las causas abiertas durante lo que calificó como años de “instrumentalización política de la justicia” sean revisadas con independencia, garantías y respeto al debido proceso.

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