La abogada Nadia Beller denunció que el Gobierno nacional presuntamente alista un operativo para aprehenderla de manera ilegal y abrirle una causa judicial, con el objetivo de presentarla como parte de un supuesto complot contra la administración del presidente Rodrigo Paz.

En declaraciones concedidas a medios de comunicación, sostuvo que estas acciones buscan invisibilizar el contenido de las grabaciones filtradas atribuidas a su expareja, el consultor argentino Fernando Cerimedo, centrándose únicamente en identificar a los responsables de las filtraciones.

Beller afirmó que las autoridades pretenden utilizar su detención para justificar el discurso oficialista que posiciona al Ejecutivo como víctima de un complot al cumplirse un año de gestión gubernamental. Según la abogada, el Ministerio de Gobierno se negó a investigar las presuntas irregularidades administrativas y negociados expuestos en las grabaciones, orientando el aparato estatal hacia la persecución de quienes difunden o custodian dicho material.

“Van a intentar aprehenderme ilegalmente, armarme una causa para justificar lo mismo que dice el presidente: que ellos son víctimas de un complot contra el Gobierno y que solamente se investigue a quiénes filtran los audios, pero que no se investigue el contenido de los mismos”, aseveró Beller.

La situación de seguridad de la abogada, en su criterio, se vio agravada por lo que califica como un “secuestro policial”. Según detalló Beller en una columna publicada por el periódico El País, la Fiscalía General del Estado emitió la resolución FGE/DPVT MMP/RES N.º 0001043/2026, la cual ordena expresamente dejar sin efecto la custodia policial permanente que se le asignó tras sobrevivir a un atentado. Dicha resolución fue notificada oficialmente al Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz el pasado viernes 30 de octubre.

Sin embargo,  denunció que los efectivos policiales continúan manteniendo un cerco sobre su residencia. Beller relató la llegada de tres vehículos policiales —incluyendo una unidad perteneciente a Interpol— con más de 15 efectivos fuertemente armados a las afueras de su inmueble.

Durante este operativo, la policía habría retenido por más de 40 minutos a un equipo periodístico de la cadena internacional BBC, impidiendo su ingreso al departamento y exigiendo su documentación. La intervención de la Embajada británica fue necesaria para exigir el respeto a la libertad de prensa y permitir la liberación del equipo periodístico.

Beller cuestionó a la Fiscalía General del Estado por no hacer cumplir sus propias resoluciones y señaló a Paola Vaca, funcionaria de la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (UPAVT), acusándola de bloquear sus líneas telefónicas de contacto.

Caso Audios

Frente a las declaraciones del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien afirmó que Beller mantenía una “relación fluida” con el exfiscal general Roger Mariaca, la jurista rechazó dicha versión. Asimismo, reveló la existencia de una grabación en la que Cerimedo y el exfiscal Mariaca coordinan un encuentro directo y conversan sobre una persona identificada con la inicial “M”, lo que demuestra una relación directa entre ambos y no con su persona, según relató.

Tambié, confirmó haber entregado a la Fiscalía evidencias compuestas por mensajes, audios y documentación relativa a presuntos negociados en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Proceso contra Fernando Cerimedo

En el ámbito penal, Beller repasó el estado de las causas judiciales sobre su expareja, Fernando Cerimedo. La abogada indicó que la Sala de Apelación ratificó la existencia de elementos de convicción suficientes que señalan a Cerimedo como presunto autor intelectual de la tentativa de feminicidio cometida en su contra el pasado 17 de agosto, cuando fue interceptada y tiroteada por dos hombres en motocicleta cerca de un hotel en Santa Cruz.

Expresó sus sospechas de que el Ejecutivo pretenda propiciar la liberación de Cerimedo instalando la narrativa de un complot. Adicionalmente, ante las amenazas de Cerimedo de someter a la hija de la abogada a un examen de ADN para desmarcarse de la paternidad, Beller indicó que “lo último que quiero en la vida es que mi hija lleve el apellido de un asesino o un narcotraficante”.

Exigencia de garantías internacionales

Ante la persistencia del cerco policial y lo que describe como un estado de indefensión, Beller dijio haber acudido a organismos internacionales para solicitar medidas de protección. La abogada responsabilizó de forma directa al ministro Oviedo, por cualquier agresión o consecuencia sobre su vida y la del bebé que se encuentra gestando.

La jurista ratificó que no cederá ante los actos de presión y que, en caso de concretarse su aprehensión ilegal, iniciará una huelga de hambre de manera inmediata desde su lugar de reclusión. “Yo no les tengo miedo. Si tengo que ir a la cárcel, voy a ir a la cárcel; ejerceré la medida de presión que sea necesaria, así sea iniciar una huelga de hambre, les voy a dar batalla”, concluyó.

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