El Sistema Multimedia de CORREO DEL SUR, con el respaldo y la adhesión de la Federación de la Prensa de Chuquisaca y el Sindicato de Trabajadores de la Prensa Escrita de Chuquisaca y de CORREO DEL SUR, denuncia ante el país que el uso inflexible y desproporcionado de los mecanismos de coerción laboral está a punto de forzar la paralización total de esta casa periodística, tras la emisión, en las últimas horas, de un mandamiento de apremio contra sus dos principales ejecutivos, medida coactiva derivada de la primera resolución en fase de ejecución dentro de un conjunto de cinco juicios laborales iniciados simultáneamente hace seis años por cinco ex trabajadores de esta casa periodística representados por un mismo abogado.

Aclaramos de manera categórica que el origen de estos procesos no responde ni respondió jamás a una negativa de pago por parte de la empresa, sino a la ruptura unilateral de los acuerdos de desvinculación por parte de este reducido grupo de demandantes; acuerdos que fueron alcanzados en el marco de la buena fe y el respeto que siempre han caracterizado a esta empresa a la hora de honrar los legítimos derechos y beneficios laborales de sus trabajadores.

La arbitrariedad actual radica en que, tras años de litigio, hoy se pretende liquidar la obligación mediante órdenes de apremio y una exigencia procesal irreal de desembolso total en plazos inviables para cualquier unidad productiva en la coyuntura actual. Esta medida resulta jurídicamente extrema y extorsiva, máxime cuando existen bienes embargados —aceptados desde el inicio del litigio por la otra parte y la autoridad jurisdiccional— que garantizan plenamente la solvencia de la obligación.

Advertimos, asimismo, que la consumación de este primer mandamiento de apremio abrirá paso a una seguidilla de acciones en cadena según el estado procesal de las cuatro demandas restantes.

Tras el impacto devastador de la pandemia del COVID-19 en 2020 —que obligó al medio a un profundo proceso de reestructuración—, más de cuarenta exfuncionarios demostraron madurez, dignidad, compromiso institucional y gratitud hacia esta casa periodística que los cobijó por décadas, accediendo a acuerdos de desvinculación viables que se han cumplido y se honran estrictamente de buena fe.

En abierto y lamentable contraste, un reducido grupo de cinco ex trabajadores —que desempeñaba funciones logísticas y operativas— careció de la empatía, la lealtad y el sentido de responsabilidad que mostraron sus propios colegas. Optaron por romper de manera unilateral los acuerdos verbales iniciales y la palabra empeñada que permitía saldar sus acreencias en términos viables y justos, e iniciaron hace seis años la judicialización del conflicto.

Esa postura encontró terreno fértil en un único abogado como su patrocinador legal, y fue bajo la guía de ese litigante que se llenó a estos exfuncionarios con expectativas y pretensiones económicas tan irreales como desproporcionadas —buscando en su inicio un cobro acumulado irreal que multiplicaba por más del 700% la deuda original de los cinco demandantes—, con el único propósito de inflar el conflicto y lucrar a costa de los propios trabajadores y de la subsistencia futura de esta casa periodística que, en sus casi cuatro décadas de vida, se ha consolidado como un patrimonio periodístico de Sucre, Chuquisaca y Bolivia.

En los primeros meses de iniciadas las demandas, el propio personal ejecutivo y otros funcionarios de esta empresa intentaron restablecer, de forma insistente y por distintos medios, los canales de diálogo y pago pactados con los cinco ex trabajadores, encontrando al unísono una misma respuesta, como parte de su estrategia legal: Puertas cerradas, incomunicación total y/o cerrazón absolutas; demostrando así que su propósito no era otro que el de buscar cobros judiciales desproporcionados y no sus justas deudas laborales.

Es más, hace pocas semanas la empresa hizo un último intento de abrir un espacio de negociación planteando una propuesta inicial de plazos de pago a través de su apoderado legal. La respuesta fue la misma: Un concluyente NO a cualquier posibilidad de conciliación definitiva y justa.

Durante el transcurso del proceso, en el que la empresa asumió su legítima defensa, las propias resoluciones de la justicia en sus diferentes instancias se encargaron de demostrar (con variaciones menores) que semejantes pretensiones iniciales eran absolutamente desmedidas e infundadas. Sin embargo, el incremento que hoy presenta la obligación no responde a un patrimonio laboral no reconocido, sino al impacto acumulado de multas y mantenimientos de valor originados en la judicialización del conflicto.

El Órgano Judicial no puede continuar siendo instrumentalizado como brazo ejecutor de esa suerte de “industria de los juicios laborales” que opera en Bolivia y lucra a costa del trabajo legítimo, mediante el litigio y prácticas extorsivas, alimentando expectativas irrealizables y destruyendo empresas privadas.

Esta práctica inescrupulosa, no solo distorsiona la tutela laboral, sino que destruye deliberadamente a las empresas, sometiéndolas a un desgaste económico y operativo devastador como el que hoy enfrenta CORREO DEL SUR. Resulta profundamente doloroso contrastar la voracidad de esta estrategia con la conducta ejemplar y comprometida del personal activo del periódico, que ha realizado sacrificios enormes para mantener viva esta casa periodística.

No es admisible que los derechos laborales pretendan ser manipulados para poner en riesgo el sustento directo de decenas de fuentes laborales directas y de otro tanto de fuentes de trabajo indirectas.

Si la deuda se encuentra plenamente resguardada con bienes embargados y existe una abierta y demostrada disposición a honrar los montos reales, ¿qué busca realmente esta estrategia inflexible sino el colapso operativo, el descabezamiento de la empresa y la consiguiente paralización de CORREO DEL SUR?

Exhortamos a que la administración de justicia no actúe bajo la aplicación mecanicista de la letra muerta de la norma. Pretender que una unidad productiva disponga de liquidez inmediata —sin permitir esquemas de pago viables—, aplicando para esto medidas extremas como la emisión de mandamientos de apremio precisamente contra dos únicas personas que gestionan la conducción de la empresa, demuestra una desconexión absoluta con la realidad que atraviesa la prensa escrita, en particular, y el sector privado nacional, en general, convirtiendo los plazos procesales en una sentencia de muerte institucional.

La rigidez del sistema laboral actual no puede convertirse en sinónimo de ahogamiento empresarial; lo que hoy enfrenta este periódico es el reflejo de la vulnerabilidad en la que se encuentran cientos, sino miles, de empresas en Bolivia ante la falta de seguridad jurídica y espacios reales de conciliación y solución equilibrada.

Permitir la destrucción de una empresa teniendo obligaciones plenamente garantizadas por bienes embargados y una manifiesta voluntad de pago, sienta un precedente nefasto por causa de quienes emplean el sistema judicial no para proteger derechos sino para canalizar litigios que envilecen la nobleza del derecho laboral y encubren ambiciones indebidas de lucro personal.

Ratificamos nuestra absoluta disposición a saldar el 100% de la deuda, dentro de términos y plazos racionales, y de ser necesario exhortamos a que sea la propia autoridad competente la que actúe como garante de acuerdos viables de pago.

Hacemos un llamado a los gremios empresariales, a las instituciones de prensa y a toda la comunidad a mantenerse vigilantes ante la situación que hoy le toca enfrentar al diario CORREO DEL SUR.

Sucre, 6 de septiembre de 2026

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