Sectores productivos y sociales del municipio cruceño de Yapacaní decidieron este martes dejar en suspenso su bloqueo de carreteras y otorgaron un plazo de 48 horas al Gobierno nacional para abrogar el Decreto Supremo 5676, normativa que incrementa el precio del diésel a 18 bolivianos para los grandes consumidores.
La decisión se asumió tras una reunión con el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, quien se comprometió a elevar la exigencia al presidente Rodrigo Paz. La autoridad admitió fallas en la medida y afirmó que “el decreto supremo que ha sacado el Gobierno, efectivamente está generando muchos problemas en su aplicación”.
Durante el encuentro, Paredes explicó que ya informó al gabinete ministerial, instancia que “ha dicho que sí quiere abrogar-derogar.
Pero no puede quedar como está. ¿Por qué? Porque no ha cumplido su objetivo”. Asimismo, afirmó que entiende a los afectados al señalar que subir de 9,80 a 18 bolivianos “es una barbaridad y no es el objetivo del Decreto Supremo 5676”. No obstante, es el gabinete ministerial el que tiene la última palabra.
