La Fiscalía General del Estado de Bolivia ha emitido una segunda orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, por supuestamente haber instigado las manifestaciones sociales en los bloqueos, donde se pedía la renuncia del presidente, Rodrigo Paz.
Evo Morales calificó la acción judicial como una persecución política y aseguró que es un “desvío de atención” de la crisis económica que atraviesa el país.
Se indaga que Morales ordenó en los meses pasados que sus seguidores se unieran a las movilizaciones que ya habían comenzado los indígenas aimaras de La Paz y los sindicatos obreros.
La ofensiva judicial del Comité Cívico alcanza a otros líderes de movimientos sociales que habrían protagonizado los disturbios. La terna de acusados incluye al jefe aimara Vicente Salazar, en detención preventiva desde el 6 de julio junto con al menos otros tres rebeldes, y a Mario Argollo, máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), informó el portal digital de El Pais.
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