Ante las recientes denuncias sobre el presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos para participar en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados activó mecanismos de fiscalización y prevención.
El presidente de dicha comisión, Marcelo Solís, informó por medio de Correo del Sur Radio que se emitieron minutas de comunicación con carácter de urgencia dirigidas a los ministerios de Relaciones Exteriores, Gobierno y Defensa para exhortar la adopción de medidas preventivas y de protección.
Solís calificó la situación como de “profunda preocupación” debido no solo a la captación de personas mediante ofertas engañosas, sino también a la presunta desaparición de bolivianos vinculados a estos hechos. En este sentido, la Comisión presentó Peticiones de Informe Escrito (PIE) a cuatro carteras de Estado:
- Ministerio de Relaciones Exteriores: Para determinar el flujo migratorio hacia zonas de conflicto y las gestiones consulares de asistencia.
- Fiscalía General del Estado: Para conocer si existen investigaciones de oficio y la identificación de responsables.
- Ministerio de Gobierno: Para obtener reportes de la Dirección General de Migración y posibles redes de captación identificadas.
- Ministerio de Defensa: Para verificar el conocimiento oficial sobre bolivianos en fuerzas militares extranjeras.
El legislador destacó que la Fiscalía General ya actuó de manera inmediata, logrando identificar presuntamente a las personas que habrían servido como nexo o intermediarios en el país para estas captaciones. Advirtió que estos hechos podrían adecuarse al delito de trata de personas, dado que las captaciones se realizan inicialmente bajo promesas laborales falsas.
Solís hizo hincapié en que estas redes operan principalmente a través de redes sociales, aprovechando la “pasividad de la normativa legal” en el entorno digital. Por ello, señaló la urgencia de avanzar en el proyecto de ley integral de violencia digital, del cual es proyectista, para mejorar el control, registro y prevención de delitos cometidos mediante plataformas tecnológicas.
Desde la Comisión de Derechos Humanos se instó a la población a actuar con la mayor cautela frente a ofertas de empleo en el exterior que no puedan ser plenamente verificadas. Asimismo, se habilitaron canales oficiales de la comisión para recibir denuncias de familiares que permitan realizar un relevamiento de víctimas y coordinar posibles operativos de repatriación con el Órgano Ejecutivo.
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