El diputado Rolando Pacheco, de la bancada de Alianza Popular (AP), solicitó a la comisión especial que investiga el denominado caso maletas ampliar el alcance de las pesquisas e incluir, en calidad de investigadas, a las máximas autoridades ejecutivas de la Aduana Nacional, Naabol, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Cancillería.

Mediante una nota dirigida al presidente de la comisión, el diputado Egidio Arce, el legislador sostuvo que las cuatro entidades formaron parte de la cadena de decisiones y omisiones que posibilitó el arribo de la aeronave, el ingreso de las 31 maletas, su permanencia en depósito y su posterior retiro.

“La investigación no puede limitarse a los funcionarios operativos: corresponde que las máximas autoridades ejecutivas de las cuatro entidades sean citadas en calidad de investigadas, a fin de establecer su responsabilidad personal por acción u omisión en los hechos”, señala la carta enviada por Pacheco.

El denominado caso maletas se originó tras el ingreso al país de un vuelo privado que transportaba 31 maletas que, de acuerdo con la investigación, habrían evadido los controles habituales. Hasta el momento, las autoridades no han determinado oficialmente el contenido del equipaje.

Entre las personas investigadas figuran la exdiputada Laura Rojas, acusada de haber ingresado las maletas utilizando un pasaporte diplomático que ya se encontraba caducado, y el juez Hebert Zeballos, quien es señalado como presunto propietario del galpón donde fue trasladada la carga.

Respecto a la DGAC, Pacheco observó que la autorización para el ingreso y salida de la aeronave fue emitida a nombre de Southern Cross Aircraft LLC, mientras que el vuelo operó bajo la Declaración General de Proflite LLC. Según indicó, ninguna de esas empresas registra ingreso en el sistema de la Aduana Nacional, por lo que pidió esclarecer quién autorizó la operación y por qué esa diferencia no impidió el vuelo.

En cuanto a la Cancillería, el parlamentario recordó que el pasaporte diplomático utilizado en el caso había sido anulado el 13 de noviembre de 2025 y que esa decisión fue comunicada ese mismo día a Interpol y a Migración. Sin embargo, afirmó que el documento volvió a ser utilizado el 29 de noviembre y el 3 de diciembre, por lo que considera necesario determinar por qué la anulación no fue reflejada en los sistemas de control y por qué esa cartera de Estado no presentó una querella.

Asimismo, señaló que Naabol era la entidad responsable de la administración del aeropuerto de Viru Viru, donde arribó el vuelo, y que, pese a que su director alertó a la Aduana sobre la situación el 2 de diciembre, no se adoptaron acciones para impedir el retiro de las maletas. También cuestionó que la Aduana mantuviera la custodia de la carga y autorizara su entrega mediante un documento que ya había sido anulado.

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