El diputado de la bancada de Libre, Germain Caballero, informó este jueves que se determinó retirar de manera definitiva el polémico proyecto de ley que buscaba la regularización de vehículos indocumentados, conocidos como chutos, que había sido impulsado inicialmente por un legislador de su propio partido.
“El diputado Reinaldo Seas planteó la posibilidad de la nacionalización de los autos indocumentados en el país; sin embargo, el proyecto no ha avanzado y va a ser retirado, ese es el compromiso que asumió hace unos días”, puntualizó Caballero, en una entrevista con El Deber, donde confirmó el desistimiento de la propuesta por parte de su proyectista.
La propuesta legislativa no solo había encendido las alarmas al interior del país, sino que también desató una fuerte ola de reacciones internacionales, particularmente en Chile, principal punto de origen del ingreso ilegal de estos motorizados a territorio boliviano.
Caballero admitió que compartía plenamente la preocupación manifestada por las autoridades chilenas, vinculando el contrabando de vehículos con delitos de mayor gravedad.
“Yo, tras que conocí del proyecto, le expresé a mi colega diputado que no me parecía correcto en un contexto actual donde hay problemas serios, especialmente con Chile, donde se ha detectado que la gran mayoría de estos vehículos proceden de actividades ilícitas, como robos, asaltos, intercambios por temas de narcotráfico y otros”, señaló el parlamentario.
Bajo este panorama, Caballero aconsejó a Seas que “no era un buen momento” para poner en debate una normativa de este calibre. Si bien abrió la posibilidad de revisar el tema en un "futuro", ratificó que tras una conversación sostenida durante la última sesión parlamentaria del fin de semana, se consolidó la decisión de archivar el documento.
Posturas encontradas
A pesar del repliegue de la bancada oficialista, el debate sobre los vehículos ilegales sigue sumando opiniones en el tablero político. El miércoles, el gobernador de La Paz, Luis Revilla, mostró una postura más flexible al respecto, sugiriendo que, ante la magnitud del problema en las calles, “tal vez hay que considerar legalizar lo que ya existe”.
Por el momento, el retiro formal del proyecto alivia la presión diplomática con el país vecino, aunque deja abierta la discusión sobre cómo frenar eficazmente el contrabando en las fronteras.
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