La Cumbre Extraordinaria de Presidentes de Entidades Empresariales concluyó este martes en Cochabamba con una posición nacional del empresariado boliviano frente a la crisis económica, centrada en la defensa de la seguridad jurídica, la libre transitabilidad, la producción, el empleo, la inversión privada y la participación activa del sector privado en las decisiones económicas del país.

El encuentro reunió a 59 entidades empresariales nacionales y departamentales. Participaron sectores estratégicos como turismo, oleaginosas, comercio, industria, exportadores, despachantes de aduana, gastronomía, transporte, agropecuaria, servicios, construcción, minería, energía, hidrocarburos y federaciones empresariales departamentales.

Durante el encuentro, los presentes coincidieron en que la seguridad jurídica constituye el eje central para recuperar confianza, sostener inversiones, proteger la libre empresa y garantizar condiciones mínimas para producir.

“La conclusión fue clara: Bolivia requiere reglas estables, respeto a la institucionalidad, protección efectiva de la libre transitabilidad y decisiones económicas construidas con los sectores productivos que sostienen el empleo y cargan con los efectos de la política económica”, afirmó la Federación de Empresario Privados de Cochabamba (FEPC), mediante un boletín institucional.

Uno de los consensos principales establece que el sector privado debe ser parte activa en el diseño de la política económica nacional, debido a que sus empresas, trabajadores, cadenas de abastecimiento e inversiones asumen directamente los resultados de esas decisiones.

La cumbre también planteó la necesidad de formalizar un mecanismo permanente y vinculante de coordinación entre el Gobierno, los sectores productivos y la institucionalidad empresarial, especialmente para leyes, decretos, medidas de ajuste y decisiones que afecten a sectores económicos y regiones.

Entre las conclusiones centrales se definió que cualquier acuerdo nacional debe incluir a los sectores productivos y a la institucionalidad empresarial.

También se planteó la aplicación de un Plan de Emergencia Económica orientado al salvataje de empresas en riesgo, la protección de inversiones, la libre transitabilidad, el financiamiento, la liquidez, el alivio impositivo y arancelario, los créditos fiscales compensatorios, la eliminación de multas de la presente gestión, el impulso a la reactivación empresarial, las compras y contrataciones estatales, y la simplificación de trámites.

Los sectores empresariales remarcaron que la protección de carreteras, corredores productivos, rutas de abastecimiento, accesos a plantas de combustible, centros industriales, mercados, aeropuertos y zonas logísticas debe tener respaldo institucional, normativo y operativo.

Desde Cochabamba, el empresariado nacional consolidó una agenda orientada a reconstruir el aparato productivo con dos niveles de acción: medidas inmediatas de estabilización económica y reformas estructurales de mediano plazo.

La FEPC precisó que las conclusiones serán sistematizadas en un documento común para su presentación a las instancias públicas correspondientes, con el objetivo de abrir una ruta nacional de reconstrucción productiva, basada en coordinación público-privada, institucionalidad empresarial y decisiones orientadas a resultados.

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