La defensa de una empresa involucrada en el denominado caso ‘Narcomaderas’ afirmó que la firma no exporta madera en estado primario, sino productos terminados, y sostuvo que los envíos observados cumplieron con todos los controles exigidos por las autoridades bolivianas antes de su despacho.

El abogado Guillermo Pérez confirmó que el Ministerio Público ejecutó un allanamiento en las instalaciones de la compañía, en el marco de las investigaciones abiertas tras la detección de cargamentos sospechosos en Chile.

Durante el operativo, la Fiscalía secuestró documentación vinculada a los contenedores observados, la cual —según la defensa— fue proporcionada por la propia empresa para coadyuvar en las investigaciones. Asimismo, varios funcionarios fueron citados a declarar en calidad de testigos.

Pérez explicó en entrevista con Red Uno que uno de los contenedores investigados tenía como destino Chile y posteriormente Estados Unidos, pero debió retornar desde los Valles cruceños debido a los bloqueos en carreteras. “Ese contenedor estaba verificado por la ABT, por Senasag y por todas las autoridades competentes. Inclusive tenía ya todos los precintos correspondientes”, aseguró, añadiendo que el desprecintado se realizó en presencia de las instancias respectivas.

En ese sentido, la defensa insistió en que la actividad de la empresa se centra en la exportación de productos elaborados. “Lo que exporta la empresa (…) no son tablones de madera, sino un producto terminado, específicamente puertas”, remarcó el jurista, al señalar que el principal mercado es Estados Unidos, bajo contratos previamente establecidos.

Respecto a los indicios detectados en territorio chileno, Pérez indicó que aún existen dudas sobre los procedimientos aplicados y advirtió que las pruebas preliminares podrían no ser concluyentes. “Una prueba de campo no es suficiente para determinar con exactitud la presencia de una sustancia controlada. Tiene que realizarse las pericias correspondientes”, puntualizó.

En esa línea, anunció que solicitarán análisis periciales sobre las muestras recolectadas durante el allanamiento, con el fin de establecer científicamente si existe o no alguna sustancia ilícita en los productos exportados.

Finalmente, la defensa sostuvo que todas las operaciones se realizaron conforme a la normativa vigente y expresó su preocupación por el impacto que el caso genera en el sector exportador. “Esperamos que el caso se esclarezca (…) creemos que es imposible generalizar y vincular a todas las empresas madereras con este caso”, concluyó.

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