La Cancillería de Argentina se pronunció sobre la negativa de ingreso a una delegación de activistas y políticos de izquierda en Bolivia, y respaldó la decisión adoptada por las autoridades migratorias del país, señalando que se enmarca en el ejercicio de su soberanía.

El grupo, compuesto por militantes, dirigentes políticos y activistas, fue impedido de permanecer en territorio boliviano tras controles migratorios, por lo que fue retornado en un vuelo con destino a Buenos Aires.

De acuerdo con el comunicado oficial, la delegación tenía “el autodeclarado propósito de realizar un relevamiento de los derechos humanos en Bolivia a pedido de diputados bolivianos”. Sin embargo, las autoridades bolivianas detectaron irregularidades en su ingreso.

El pronunciamiento detalla que se evidenciaron “inconsistencias” entre las condiciones declaradas por los visitantes y las actividades que habían anunciado públicamente, además del incumplimiento de requisitos establecidos por la normativa migratoria.

“En función de ello, y en ejercicio de las facultades soberanas que corresponden a todo Estado para regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras de su territorio, decidieron no admitir el ingreso de los integrantes del grupo”, señala el documento.

Asimismo, la Cancillería argentina informó que su red diplomática activó mecanismos de asistencia consular para acompañar a los ciudadanos afectados, manteniendo contacto con las autoridades competentes durante el proceso.

En el plano político, el Gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, ha expresado su respaldo a la administración de Rodrigo Paz y ha cuestionado las movilizaciones que exigen su renuncia.

En contraste, el diputado argentino Nicolás del Caño criticó la postura de su Cancillería y denunció que “no quieren que se conozca la verdad sobre la brutal represión del gobierno boliviano”.

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