La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación ante el incremento de la conflictividad social en el país, situación que está derivando en hechos de intolerancia, hostigamiento y agresiones contra trabajadoras y trabajadores de la prensa durante la cobertura de movilizaciones y otros acontecimientos de interés público. En este contexto, se han registrado hechos que evidencian riesgos concretos para el ejercicio periodístico, en los que periodistas han sido objeto de agresiones físicas, amenazas y obstaculización de su labor informativa.
Entre los hechos conocidos, se reporta que, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, una periodista del medio F10 resultó herida mientras realizaba cobertura informativa de un enfrentamiento entre sectores sociales en la plaza 24 de Septiembre, evidenciando nuevamente los riesgos que enfrentan las y los trabajadores de la prensa en escenarios de alta conflictividad y confrontación. Asimismo, en la ciudad de El Alto, durante la cobertura de movilizaciones sociales, periodistas fueron agredidos con golpes e insultos y obligados a retirarse del lugar mediante actos de violencia, incluyendo el lanzamiento de objetos contundentes, mientras realizaban labores informativas.
También se denunciaron actos de hostigamiento y amedrentamiento contra espacios de comunicación, como Radio Deseo y la Casa Virgen de los Deseos. De igual manera, durante la presente jornada, periodistas de los medios de comunicación ANF y Gigavisión resultaron heridos en hechos violentos registrados en el contexto de la conflictividad social, mediante acciones que afectan el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y el acceso de la población a información plural y oportuna.
La Defensoría del Pueblo recuerda que el derecho a la protesta y a la movilización pacífica está protegido por la Constitución Política del Estado y por los instrumentos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, su ejercicio no puede implicar violencia, agresiones ni afectaciones a terceras personas, entre ellas periodistas y trabajadores de la comunicación, cuya labor resulta esencial para garantizar el derecho de la sociedad a recibir información veraz, plural y oportuna.
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