Este 8 de mayo se cumplirán los primeros seis meses del Gobierno del presidente Rodrigo Paz, un tramo que comenzó con la promesa de estabilizar una economía golpeada, pero que llega a su primer balance en medio amenazas de presión, así como demandas de reformas estructurales y pedidos de un gran acuerdo nacional para sostener la gobernabilidad. 

El Órgano Ejecutivo reivindicó avances en el ordenamiento fiscal, el pago de deuda externa, la generación de divisas y la reformulación del Presupuesto General del Estado 2026, pero desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y otros órganos del Estado advirtieron que esos pasos serán insuficientes si no se traducen en leyes, pactos institucionales y una ruta compartida para enfrentar la crisis heredada.

El periodo transcurrió entre luces y sombras. Por un lado, el Gobierno sostiene que recibió en noviembre de 2025 un Estado en una situación “absolutamente dramática” y que, en los últimos 120 días, logró estabilizar indicadores clave. 

Por otro, la conflictividad social volvió a instalarse como una amenaza, con bloqueos esporádicos, marchas, pliegos sectoriales y una Central Obrera Boliviana (COB) que presiona por un incremento salarial del 20% y otras demandas.

En este escenario, el presidente Paz llamó a un encuentro nacional para viabilizar las reformas estructurales. La idea también fue planteada desde la ALD, instituciones públicas y especialistas que advierten sobre el costo político y social que recae de forma constante sobre la ciudadanía cuando conflictos sustituyen al diálogo.

EL FRENTE ECONÓMICO

Desde el Ejecutivo, el balance tiene como eje la estabilización. El Ministerio de Economía destacó el pago de más de $us 530 millones de deuda externa, la generación de divisas, la estabilidad del tipo de cambio, un superávit fiscal y la contención de la inflación. Para el Gobierno, estos resultados permitieron evitar un deterioro mayor de la economía y abrir una primera etapa de recuperación.

A ese diagnóstico se suma la modificación total del Presupuesto General del Estado 2026, estructurado sobre tres pilares. El primero es un acuerdo con los gobiernos subnacionales, que contempla más de Bs 2.000 millones adicionales para gobernaciones, alcaldías y universidades. El segundo es un pacto con la ciudadanía, que incluye nuevos ítems para salud, educación, Policía y Defensa. El tercero es un entendimiento con el sector productivo, orientado a la reducción de impuestos y a la reactivación de la actividad económica.

Sin embargo, una de las medidas más sensibles fue la eliminación parcial de la subvención a los carburantes, aplicada en diciembre de 2025. En la Asamblea Legislativa, ese paso fue reconocido como una decisión necesaria, incluso por voces críticas al Gobierno. 

Pero su impacto político quedó opacado por el escándalo de la denominada “gasolina basura” y por la crisis que golpeó a YPFB, que derivó en la salida de dos presidentes de la estatal petrolera y del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.

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