La calificación crediticia de riesgo de Bolivia, realizada por la Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings, subió de CCC- a CCC+. El Banco Mundial valoró la mejora, en tanto que, para el Gobierno, esta es una muestra de que el país va en la dirección correcta. Según el economista Fernando Romero, esto significa una menor presión inmediata de incumplimiento de deuda, pero no un cambio profundo en la economía.
“El gobierno boliviano ha adoptado medidas para corregir los desequilibrios económicos, incluyendo la eliminación de los subsidios a los combustibles y el acceso a financiamiento externo”, destaca el resumen del informe de la S&P.
Además, recuerda que el Gobierno realizó un canje de dos bonos en moneda extranjera en poder del Banco Central por bonos en moneda local, “una operación que consideramos de gestión de pasivos intragubernamentales”.
El documento, al que accedió CORREO DEL SUR, señala también que “la perspectiva estable refleja la reducción del servicio de la deuda, equilibrada con los débiles perfiles externos, monetarios y fiscales de Bolivia”.
“La perspectiva de las calificaciones a largo plazo es estable”, remarca.
ESCENARIO AL ALZA
S&P prevé en su informe que “podríamos elevar las calificaciones en los próximos 12 meses si observamos continuidad en las políticas que mejore la liquidez externa de Bolivia y apunte a un perfil fiscal más sostenible, reduciendo los desequilibrios macroeconómicos y aumentando la previsibilidad de las políticas, lo que podría fortalecer la confianza de los inversionistas y mejorar el acceso del gobierno al financiamiento”.
ANÁLISIS POLÍTICO
El informe incluye unas líneas de análisis de la situación política del país. Indica, por ejemplo, que “el nuevo congreso está más alineado con la nueva administración, en comparación con el liderazgo político anterior, lo que podría facilitar la aprobación de préstamos externos y políticas que fomenten el crecimiento económico”.
“El nuevo gobierno hereda instituciones políticas débiles, un estado de derecho deficiente, poca transparencia y condiciones empresariales precarias.
Aunque el PDC carece de mayoría en el congreso, es probable que tenga más éxito en la aprobación de leyes que su predecesor”, apunta la S&P antes de recordar que durante el actual mandato de Paz, el Congreso aprobó $us 850 millones en financiamiento externo, “y hay más solicitudes de financiamiento externo en trámite gracias a las relaciones activas con instituciones financieras multilaterales. Se espera que el gobierno acelere las reformas tras las elecciones locales, cuya segunda vuelta se celebrará el 19 de abril”.
De esa manera, alude a los créditos gestionados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y que, sumados, rondan por los 7.500 millones de dólares.
El documento finaliza señalando que “a pesar de las mejoras recientes, Bolivia enfrenta enormes desafíos para estabilizar las finanzas públicas y retomar el crecimiento económico.
Las medidas de austeridad, como el reciente y drástico recorte a los subsidios a los combustibles, tendrán un costo social y podrían debilitar el apoyo público al gobierno. Para mitigar los efectos negativos de las reformas, el gobierno está implementando políticas de apoyo para la población más vulnerable. Recientemente anunció un aumento del 20% en el salario mínimo”.
Citada por El Deber, la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra (en la infografía, junto al presidente Paz), destacó la decisión de la S&P como una señal positiva para la economía boliviana, ya que “demuestra confianza en sus primeros esfuerzos de reforma y sienta las bases para la siguiente fase de ajuste”.
