Mediante un pronunciamiento, consideró fundamental la predisposición y apertura de los distintos sectores sociales, así como una gestión responsable y oportuna de la conflictividad por parte de las autoridades de los niveles nacional, departamental y municipal, orientada a prevenir la escalada de tensiones, reducir riesgos de violencia y generar certidumbre en la población.

La Defensoría del Pueblo recordó que las manifestaciones de protesta constituyen una expresión que “nace del derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación, reconocidos por la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales de derechos humanos”. 

No obstante, consideró que dichas manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica, sin afectar derechos de terceras personas, garantizando en todo momento el libre tránsito de ambulancias, el acceso a servicios de emergencia y el abastecimiento regular de alimentos y bienes esenciales, conforme a los parámetros internacionales.

Asimismo, señaló que toda intervención estatal destinada a resguardar el orden público debe observar “estrictamente los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, asegurando que el uso de la fuerza, de ser requerido, sea excepcional, diferenciado y respetuoso de los derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo anunció que continuará realizando un monitoreo “permanente y preventivo” de las distintas expresiones de conflictividad social, con el objetivo de identificar riesgos, promover acercamientos entre las partes y contribuir a la generación de condiciones favorables para el diálogo.

Además reafirmó su disposición institucional para coadyuvar en la facilitación de espacios de diálogo, en el ámbito de sus competencias, como parte de su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la convivencia pacífica y la solución democrática de los conflictos.

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