El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, afirmó este miércoles que Luis Arce Catacora es el “principal responsable” del daño económico del caso Fondo Indígena, debido a hechos que sucedieron cuando era Ministro de Economía.
El caso Fondo Indígena fue denunciado hace más de 10 años, cuando se evidenció que dirigentes de organizaciones sociales habían recibido dinero en cuentas personales para ejecutar obras, que terminaron siendo “fantasmas” o realizadas a medias.
Arce Catacora ya fue denunciado en el caso, debido al hecho de que el Ministerio de Economía era parte del Directorio del Fondo Indígena, pero además se había autorizado la entrega de dinero del Tesoro a cuentas personales.
“Este hecho que se viene investigando, y que fue denunciado hace muchos años atrás, ha sido hoy día finalmente dado con el principal responsable de este millonario daño económico que se ha producido en el país, que es el ministro Arce Catacora”, dijo Oviedo.
“El ministro de Economía, Arce Catacora, fungía como presidente de este Fondo y, por lo tanto, tenía la responsabilidad directa”, acotó.
El Ministro de Gobierno señaló que Arce enfrenta cargos por los delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica.
“Se autorizó traspasos a dirigentes, cantidades de dinero a cuentas particulares, se autorizó transferencias de recursos a proyectos fantasmas, se transfirieron recursos a proyectos que se realizaron a medias”, enfatizó Oviedo.
Señaló que el daño económico por el caso Fondo Indígena es de 360 millones de bolivianos, pero de sumarse delitos conexos se estima más o menos 700 millones de dólares en afectaciones.
Enmarcó esta aprehensión dentro de la lucha contra la corrupción que entabló el Gobierno. “Vamos a perseguir a los autores del descalabro económico que está viviendo nuestra patria y no vamos a dejar hasta dar con todos los responsables”.
Oviedo anunció que el resto de los miembros del directorio del Fondo Indígena, que autorizaron este tipo de proyectos, y los beneficiarios de estos recursos “tendrán que responder ante la justicia y devolver de este dinero que ha salido a sus cuentas particulares”.
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