El nuevo viceministro de Transparencia, Yamil García, informó sobre la creación de un comité interinstitucional que llevará a cabo una auditoría exhaustiva sobre la administración de los recursos del Estado en los últimos 20 años, con énfasis en los aspectos jurídicos.
García destacó que el comité comenzará a recopilar toda la información relevante para el Estado y realizará análisis sobre cómo se gestionaron los recursos destinados a los bolivianos. Se enfocará en determinar la cuantía de los proyectos, su impacto, los resultados alcanzados y distinguirá entre aquellos que se completaron y los que quedaron paralizados.
El viceministro explicó que esta auditoría es parte de una serie de medidas para informar a la ciudadanía sobre el destino de los recursos públicos en los últimos años. Este anuncio surge después de que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) abriera una investigación sobre posibles desvíos de fondos de cooperación, principalmente en proyectos relacionados con agua y riego.
Además, García adelantó que pedirá informes detallados a las unidades de transparencia de todas las entidades públicas sobre su actividad en las últimas dos décadas. “Queremos saber qué han hecho, qué han investigado, qué informes han emitido y dónde está el dinero de los bolivianos”, afirmó. Esto permitirá evaluar si estas unidades trabajaron efectivamente.
En cuanto a la denuncia de la ex Unidad de Transparencia contra uno de los hijos del expresidente Luis Arce, García aseguró que todas las investigaciones seguirán su curso sin interferencias. “Investigaremos hechos, no personas”, subrayó, añadiendo que los responsables de cualquier irregularidad deberán rendir cuentas.
El viceministro también hizo hincapié en el compromiso del gobierno con la independencia judicial. “La administración de justicia corresponde a los jueces y magistrados, no a nosotros”, dijo. La administración solo busca crear las condiciones adecuadas para el funcionamiento del sistema judicial, sin intentar influir en las decisiones de los tribunales.
Asimismo, García mencionó que se convocará a los colegios de abogados tanto departamentales como nacionales, y a organizaciones que trabajen en la atención a víctimas, como SepdaviI. Aseguró que el Gobierno garantizará el funcionamiento de estos servicios y no dejará desprotegidas a las víctimas manteniendo la atención en estos casos.
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