La Fiscalía de Chile ratificó que continúa en curso la investigación sobre la supuesta incautación de más de 100 toneladas de droga presuntamente impregnada en madera exportada desde Bolivia, un caso que ha generado fuertes repercusiones económicas y diplomáticas. Mientras tanto, en territorio boliviano, autoridades y representantes del sector forestal ya califican el episodio como un “falso positivo” y analizan exigir una reparación por los perjuicios ocasionados.
Mediante un comunicado, la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota señaló que “la investigación se mantiene vigente y con diligencias en curso”, por lo que aclaró que, de momento, no emitirá declaraciones adicionales. “La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota informa que respecto de la causa maderas impregnadas con droga mantiene esta investigación en calidad de vigente y con diligencias en curso. En este contexto, no habrá un pronunciamiento de la Fiscalía por ahora”, indica el documento del Ministerio Público chileno.
En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz sostuvo que el caso generó un impacto significativo en empresas que tardaron años en posicionarse en mercados internacionales. En ese sentido, anunció que el Gobierno impulsará medidas para reactivar y reposicionar al sector forestal, además de evaluar mecanismos para resarcir los daños. No obstante, remarcó la necesidad de preservar relaciones de cooperación con Chile y Brasil.
El origen del conflicto se remonta al 8 de junio, cuando el fiscal regional de Arica informó sobre la supuesta detección de más de 100 toneladas de droga en cargamentos de madera boliviana, lo que provocó la paralización de exportaciones y una ola de cuestionamientos hacia el sector.
A nivel nacional, el fiscal departamental de Santa Cruz confirmó que la investigación también sigue abierta en Bolivia y que se han solicitado muestras de madera a Chile con el fin de realizar contrapericias que permitan esclarecer los hechos.
Desde el ámbito empresarial, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, calificó las acusaciones como infundadas y advirtió sobre el fuerte impacto económico, social y reputacional. Indicó que las exportaciones mensuales del sector se redujeron drásticamente, pasando de entre 4 y 5 millones de dólares a poco más de un millón, y respaldó la posibilidad de exigir una compensación.
En la misma línea, el gerente de la Cámara Forestal de Bolivia, Walter Rioja, aseguró que el caso desató la peor crisis del rubro, con una caída del 66% en las exportaciones y pérdidas que alcanzan los Bs 183 millones en apenas tres meses. Añadió que más de 200.000 empleos estuvieron en riesgo.
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