El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, reveló el pedido de pagos que no pueden atender de más de 320 sectores, entre los cuales figuran gobiernos subnacionales y universidades públicas, debido a que la anterior gestión gubernamental de Luis Arce dejó vacías las cuentas del Estado.
Calificó de “complicadísimo” el proceso emprendido por el gobierno de Rodrigo Paz para asumir el mando del país, después de 20 años del Movimiento Al Socialismo (MAS) con una “gestión pública absolutamente oscura, absolutamente nefasta, los cuales no son fáciles de desmontar en ocho días”. En ese sentido, la autoridad subrayó que se trata de “ir ordenando la casa”.
“Entendemos que hay muchos pedidos, nosotros tenemos más de 320 pedidos de sectores, entre gobiernos municipales, gobiernos departamentales, universidades, cajas, acreedores del Estado... para llevar adelante pagos, pagos que no se pueden realizar porque lo que han dejado en las cuentas del Estado es nada, ni en dólares ni en bolivianos”, denunció Espinoza, en conferencia.
El presidente Rodrigo Paz denunció el reciente fin de semana un “posible robo” de más de $us 15.000 millones en los gobiernos del MAS, detectado en una primera “autopsia” a la situación del Estado. Mediante auditorías y la apertura de procesos, el Gobierno comenzó con su promesa de una lucha frontal contra la corrupción, sobre todo con la intervención de algunas empresas estatales.
Por ejemplo, Espinoza anunció también la auditoría de una deuda de más de Bs 7.000 millones que no fue registrada por la gestión de Arce, entre 2020 y noviembre de este 2025. “En ocho días encontramos 7.000 millones de bolivianos en cuentas por pagar que no estaban registradas en ningún lado. Dennos un par de días más y quizá encontremos todavía más”, complementó.
El ministro anunció que la siguiente semana se comenzará un ciclo de reuniones con distintos sectores del país para informarles sobre la situación económica heredada, en el marco de la transparencia. Uno de esos sectores será el de los jubilados, que pidieron una investigación a la Gestora Pública ante posibles irregularidades. “Estamos ordenando la casa”, reafirmó Espinoza.
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