La suspensión “inmediata” del cargo de todos los magistrados “autoprorrogados” y la asignación mínima del 5% del Tesoro General de la Nación para garantizar la independencia judicial son algunas de las conclusiones del Primer Diálogo por la Reforma Judicial desarrollado en Sucre.

Fueron cuatro mesas de trabajo respecto a la Normativa, Presupuesto, Modernización Tecnológica y Carrera Judicial que requieren una atención para mejorar su trabajo y garantizar su independencia.

Otra de las conclusiones fue plantear modificaciones a la Constitución Política de Estado ya que, a partir de una reforma estructural y a la ley del Órgano Judicial “permitirá conseguir una independencia judicial con presupuesto acorde a la realidad”.

Se justificó la necesidad de asignar un presupuesto mínimo sobre la base del 5% del Tesoro General de la Nación que permita garantizar la independencia judicial. “Esta asignación deberá ser aprobada con una ley”, indica la conclusión.

La necesidad de la creación de una unidad especializada nacional de justicia digital y la unificación de sistemas informáticos a nivel nacional también fue planteada. A ello se suma la interoperabilidad de información entre las instituciones del Estado.

También se consideró la implementación de documentos virtuales con validez jurídica digital y los actuados digitales ya administrativos e innovar con la inteligencia artificial analítica.

Otra de las conclusiones fue la promulgación de una ley de la carrera judicial vertical que permita promover la meritocracia de los administradores de justicia.

En cuanto a la evaluación del desempeño a la permanencia, se planteó que esto se regule mediante una ley que brinde objetividad, claridad y seguridad jurídica y que responda al tratamiento especializado como quien va a evaluar al juez

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