La Comisión de la Ley 898 de Seguimiento a las Conclusiones de la Cumbre Judicial de 2016 terminó su ciclo, tras nueve años de funcionamiento como instancia de coordinación entre los órganos del Estado para ejecutar la reforma en la justicia de Bolivia que había señalado aquel encuentro.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, y la ministra de Justicia, Jéssica Saravia, consideran que esta instancia cumplió con sus objetivos. Abogados, por su parte, opinan que sirvió para el sometimiento del sistema judicial al gobierno de turno, mientras que jueces observan que fue una ley para la injerencia política.
La sesión 59 de esta comisión cerró la vigencia de la Ley 898, que creó una instancia de coordinación interorgánica en estos casi nueve años. La última acta lleva la firma de los miembros de los órganos Judicial, Legislativo y Ejecutivo, además del Ministerio Público.
“Se cumplió con la 59 sesión y, de manera unánime, las partes hemos decidido dar por concluida esta comisión, considerando que se ha cumplido no solamente el objeto de la ley (898), sino las funciones establecidas en la norma de trabajar en mejorar la justicia”, dijo la ministra Saravia, como cabeza de esta instancia.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, de parte del Judicial, indicó que la última reunión fue “netamente institucional, desmarcado de cualquier pensamiento o cualquier ideología política”.
