La Confederación de Empresarios Privados De Bolivia demanda intervenir los avasallamientos, ante la toma que fue denunciada en las últimas horas en la Mina Reserva – Tres Amigos, del Grupo Minero Sinchi Wayra.
Mediante un comunicado, la confederación expresó su rechazo a los avasallamientos, además de que instan a las autoridades nacionales y departamentales a evitar este tipo de incidentes, no solo en el ámbito minero.
COMUNICADO DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS DE BOLIVIA SOBRE LOS AVASALLAMIENTOS MINEROS
Ante la toma violenta de la Mina Reserva-Tres Amigos, en el departamento de Potosí, operada por el Grupo Minero Sinchi Wayra, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia manifiesta lo siguiente:
- Expresamos nuestro enérgico rechazo ante este intolerable avasallamiento, protagonizado por grupos irregulares vinculados a cooperativas mineras, que de manera violenta han ingresado a las áreas de trabajo y pretenden usurpar las áreas legítima y legalmente operadas por la empresa. Este hecho no solo vulnera derechos constitucionales, sino que atenta contra la seguridad jurídica y el clima de inversión en el país.
- Demandamos al gobierno nacional disponer de manera inmediata la intervención de la fuerza pública para resguardar la vida e integridad de los trabajadores y sus familias, proteger la propiedad y la inversión privada, restituir el orden legal, desalojar a los avasalladores y sancionar a los autores materiales e intelectuales de estos delitos.
- Advertimos que la recurrencia de estos hechos, tanto en áreas mineras como agrícolas, alentados por la impunidad, la permisividad y el incumplimiento de las normas, está deteriorando gravemente la institucionalidad, el respeto a la propiedad privada y la libre iniciativa empresarial, pilares esenciales de un Estado de derecho y del desarrollo económico del país.
- Por ello, demandamos a las autoridades nacionales y departamentales, asumir medidas de protección y prevención y actuar con eficiencia, responsabilidad y firmeza para proteger los derechos constitucionales al trabajo, a la propiedad privada y a la libre empresa, condiciones indispensables para garantizar la convivencia democrática.
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