Dos meses y medio después de que el Tribunal Agroambiental (TA) dictara medidas cautelares urgentes para proteger al jaguar y su hábitat en la amazonía y ordenara la pausa ecológica que prohíbe los chaqueos y las quemas, los niveles de Gobierno “no avanzaron ni una letra” en el cumplimiento de estas resoluciones y, al contrario, plantearon excusas técnicas y operativas para frenar su ejecución, denunció la diputada María René Álvarez (Creemos), en entrevista con CORREO DEL SUR.
El pasado 24 de abril, el Tribunal Agroambiental emitió una inédita resolución de 12 puntos en la que dispone una pausa ecológica en Bolivia, y establece “medidas de protección reforzadas” para los defensores ambientales y medidas cautelares para el jaguar panthera onca.
Entre los 12 puntos, uno de los más destacados es la instrucción de una pausa ecológica por quemas y chaqueos que incluye la suspensión inmediata de todas las autorizaciones emitidas por la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y la prohibición de emitir nuevas autorizaciones. En su resolución, el TA dispuso que esta medida será de aplicación directa, sin requerir reglamentación adicional y se mantendrá vigente hasta una evaluación técnica a cargo de las autoridades competentes, bajo supervisión de la jurisdicción agroambiental.
Este Tribunal, instruyó a varias instituciones del Estado —entre ellas la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, y la Policía Boliviana— que adopten medidas de protección en un plazo de 10 días hábiles para siete personas identificadas como defensores ambientales. Estas siete personas son: María René Álvarez Camacho (diputada), Marcos Uzquiano, Juan Carlos Camacho Terceros, Daniela Justiniano Núñez, Rodrigo Ernesto Herrera Sánchez, Lisa Mirela Corti y Antonio Alberto Cajías Cueto.
“Desde el Ejecutivo no han avanzado ni una letra en ese trabajo, porque solo ponen excusas técnicas y operativas, y ahora pretenden anular estas medidas cautelares a favor del jaguar y su hábitat”, denunció la parlamentaria que solicitó a este alto tribunal la emisión de medidas cautelares ante el riesgo de extinción de las especies que son patrimonio, como el jaguar.
