En Bolivia hay 347 perseguidos políticos, de los cuales 64 son víctimas del gobierno de Evo Morales, 16 de la administración de Jeanine Áñez y 267 del gobierno de Luis Arce, según un informe de la Alianza por la Justicia y los Derechos Humanos.

Se trata del segundo reporte de estas características después de que en noviembre del año pasado la Fundación y Observatorio de Derechos Humanos y Justicia documentara los casos de 172 presos políticos, advirtiendo que el número era mayor, pero que no habían podido acceder a información del estado de sus casos.

El “Informe de la investigación y monitoreo sobre las detenciones y persecuciones políticas en Bolivia” fue presentado recientemente en La Paz por la novel Alianza por la Justicia y los Derechos Humanos, con datos que corresponden al periodo 2008–2024.

De los 347 perseguidos, 104 están en libertad, 82 están con detención preventiva, 76 con detención domiciliaria, 21 tienen sentencia y tres fallecieron, entre ellos el exdirector del Fondo Indígena Marco Aramayo. No hay información oficial de otros 61 casos. 

A decir del exdefensor del Pueblo y exrector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, a cargo de la presentación, los datos ratifican que en Bolivia hay “ausencia de independencia de poderes” y “debilitamiento de la institucionalidad democrática”.

Respecto al género de los perseguidos políticos 303 son varones y 44 mujeres en los tres gobiernos.

“La justicia es una razón de vida y el espíritu de esta investigación hace énfasis en la reflexión sobre las causas de la persecución política cuando la política debería ser altruista y los líderes deberían ser los mejores elementos humanos, los más solidarios, que deberían indignarse ante la injusticia“, enfatizó.