En lo que va de año fueron incautados más de 120.000 litros de combustible, entre diésel y gasolina, desviado al contrabando y a otras actividad ilícitas en operativos que acabaron con la detención de 107 personas, informó el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez.
“En la gestión 2025 ya vamos incautando más de 120.000 litros, 125 vehículos incautados y 107 a personas”, explicó en Bolivia Tv sobre los resultados del trabajo de control a la comercialización de combustibles.
Mientras en 2024 fueron intervenidas ocho estaciones de servicio de gasolina y diésel, y una de GNV. Además, fueron incautadas 42 cisternas.
Las personas que incurren en este delito acopian carburantes en bidones, para luego trasladarlos escondidos en buzones, parrillas de vehículos y dobles tanques.
Desde el 24 de mayo, en cumplimiento a las 11 medidas 7 decretos para garantizar combustibles y los alimentos, los militares custodian las estaciones de servicio.
“Todas estas actividades ahora están enlazadas, con lo que son las Fuerzas Armadas, la Aduana Nacional y Sustancias Controladas. La ANH tiene una mayor presencia en puntos específicos donde se pueda generar alguna actividad ilícita. A estos puntos los llamamos áreas de riesgo o fronterizas”, precisó.
Desde el viernes hay control en 21 puntos estratégicos.
Entre 2021 y 2024 más de 417 personas fueron aprehendidas por actividades ilícitas relacionadas al carguío irregular de combustibles.
“Las 107 personas (aprehendidas en esta gestión) pasaron a lo que es el Ministerio Público, tienen que establecer y justificar estas actividades”, indicó.
De acuerdo a la normativa legal, 120 litros de combustible es el límite que cada persona puede comprar fuera de los tanques en las estaciones de servicio.
Solo quienes justifiquen su uso productivo y demuestren su tenencia legal no son pasibles de las sanciones. El Código Penal Boliviano especifica que el almacenamiento, comercialización y compra ilegal de diésel, gasolina y gas licuado de petróleo son delitos, y tienen una pena privativa de entre 3 y 6 años de cárcel.
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