Tres recursos de inconstitucionalidad fueron presentados hasta la fecha ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre el proceso de las elecciones generales del 17 de agosto y si bien el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, indicó que los comicios no están en riesgo, aparentemente no todos los vocales piensan lo mismo.
A la posición de Vargas se sumaron la del vocal electoral Gustavo Ávila y, desde el Gobierno, se pronunciaron en la misma sintonía el ministro de Justicia, César Siles, y la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.
En contrapartida, el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi Quispe señaló que los recursos presentados al TCP representan un “enorme riesgo” para el proceso electoral. Advirtió que se podría dar una “interrupción” e incluso habló de una “sublevación y anarquía social” a raíz de esta situación.
“Nos dejan ahora con enormes riesgos que puedan provenir de estos recursos que se están presentando y podría, inevitablemente, generar una suerte de postergación, de afectación a este proceso electoral”, indicó en una entrevista con Correo del Sur Radio.
Frente a este escenario, Tahuichi Quispe pidió, como una “solución”, que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe el proyecto de ley de preclusión electoral.
“Estamos con el Jesús en la boca por efecto de que no hay un blindaje al proceso electoral”, afirmó el vocal del TSE, al remarcar que el proyecto de ley se encuentra estancado desde el año pasado en el Legislativo.
Tres recursos
El pasado martes, se conoció que el parlamentario potosino Israel Huaytari había presentado una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta (AIA) en el TCP. Con ese recurso, solicita que se obligue a los partidos y alianzas políticas a respetar la paridad y equidad de género en la inscripción de candidatos a presidente y vicepresidente.
Al día siguiente, miembros de la Confederación de Nacional de Naciones Indígenas Originarios de Bolivia (Conniob) hicieron conocer que, bajo presión, en puertas del TSE, en La Paz, lograron que este Órgano Electoral remita al TCP una Acción de Inconstitucionalidad Concreta (AIC) para viabilizar la participación de los pueblos indígenas con candidato propio en las presidenciales de 2025.
Explicó que como medida cautelar están solicitando al TCP que disponga el registro de candidatos de las organizaciones indígenas a la Presidencia y la Vicepresidencia, aclarando que no piden la suspensión de este proceso.
Por su parte, el exmagistrado del TCP Gualberto Cusi dijo que está en curso una acción de inconstitucionalidad abstracta que busca el cumplimiento de los derechos políticos de los pueblos indígenas.
Argumentó que la Constitución Política del Estado señala claramente que los partidos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas deben competir “en igualdad de condiciones”, principio que, según su criterio, actualmente no se respeta.
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