El caso Misiles Chinos se dilucida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Los exjefes militares sentenciados a pagar más de 3 millones de dólares por haber dispuesto la desactivación de los misiles chinos en 2005, denunciaron la vulneración de sus derechos al ser juzgados sin una doble instancia de apelación, un juicio en rebeldía contra el exministro de Defensa, Gonzalo Méndez, y persecución política.
La abogada Daniela Vásquez, defensora del exjefe de Estado Mayor de la Fuerzas Armadas en 2005, Marco Antonio Vásquez, denunció que los acusados son víctimas de una persecución penal desde hace 20 años por parte de una estructura política, judicial y del Ministerio Público que decidió procesar en un juicio de responsabilidades a los exjefes militares cuando dentro del caso no existe ni un solo dignatario de Estado que merece un juicio de privilegio.
El 31 de agosto de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en juicio de responsabilidades dictó sentencia condenatoria para ocho exjefes militares y civiles por el caso Misiles Chinos y con esta sentencia el Ministerio Público y la Procuraduría activaron otro proceso por resarcimiento de daños y un juez de sentencia en Sucre ordenó el pago de más de 3 millones de dólares.
La abogada Vásquez denunció que en el ámbito jurisdiccional les cerraron todas las posibilidades de apelación a este fallo por lo que acudieron ante la Corte IDH y están a la espera de que este tribunal internacional dicte una medida cautelar que frene este procesamiento “arbitrario” y se pronuncie con una sentencia.
