En respuesta al pronunciamiento emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el conflicto en Bolivia, la Cancillería instó este miércoles a que cualquier evaluación incorpore de manera “equilibrada y completa” las afectaciones humanitarias derivadas de los bloqueos prolongados,
La cartera de Estado valoró que la CIDH haya reconocido expresamente que los bloqueos prolongados generan afectaciones sobre derechos fundamentales de la población, particularmente en el acceso a la salud, la alimentación, los medicamentos, el combustible, la libre circulación y otros servicios esenciales.
No obstante, la Cancillería consideró necesario que toda evaluación sobre la situación incorpore las consecuencias humanitarias de los bloqueos, así como los resultados de las investigaciones oficiales en curso, con el fin de contribuir a una comprensión integral de los hechos.
Según la Cancillería, los bloqueos sostenidos desde mayo de 2026 han generado restricciones severas al abastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos; han dificultado el traslado de pacientes, personal sanitario y ambulancias; comprometido el suministro de oxígeno medicinal para centros hospitalarios y afectado la movilidad de miles de ciudadanos.
Recordó que los derechos humanos “no pertenecen exclusivamente a quienes protestan ni exclusivamente a quienes ejercen autoridad. Pertenecen también a las familias que esperan una ambulancia, a los pacientes que requieren oxígeno y medicamentos, a los trabajadores que necesitan desplazarse, a los productores que abastecen los mercados, a los niños que requieren atención médica y educación, y a todos los ciudadanos que tienen derecho a vivir en paz y con dignidad”.
La CIDH había señalado que el Estado debe tolerar cierto nivel de afectación a la vida debido a la protesta social. Sin embargo, también reconoció que los bloqueos prolongados pueden ocasionar graves afectaciones al ejercicio de otros derechos, especialmente cuando impiden el acceso a servicios de salud, alimentos o insumos esenciales.
En ese contexto, el Gobierno boliviano reiteró que reconoce y respeta plenamente el derecho a la protesta pacífica y a la libertad de expresión, aunque advirtió que el ejercicio de esos derechos debe desarrollarse en armonía con los derechos fundamentales de terceros y no puede derivar en acciones que provoquen afectaciones graves y desproporcionadas a la población.
El Estado también expresó preocupación por los hechos de violencia registrados durante las movilizaciones, incluyendo aquellos que afectaron a personas en situación de vulnerabilidad, personal de salud, periodistas, transportistas, servidores públicos y ciudadanos ajenos al conflicto.
Asimismo, manifestó su inquietud por la utilización de dinamita y otros materiales explosivos en carreteras y puntos de bloqueo, al considerar que representan un grave riesgo para la vida, la integridad física y la seguridad de las personas.
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