En medio de la polémica por el convenio que firmó Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con la empresa china CBC, tanto la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, como el presidente de YLB, Omar Alarcón, salieron al frente para desmentir que se esté “entregando” el litio a extranjeros. Ambos enfatizaron que el 70% de los ingresos generados por la industrialización se quedará en Bolivia, mientras que el 30% restante será destinado a la empresa china para recuperar su inversión.
“Del 100% de la facturación del carbonato de litio, el 70% se queda en Bolivia y el 30% va para la empresa CBC”, afirmó este sábado Alarcón en declaraciones a El Deber Radio, donde agregó que ese porcentaje incluye la recuperación de la inversión que la compañía china realizará en la industrialización de litio, que abarca la construcción de una planta, la cual ascenderá a 1.030 millones de dólares.
“Nosotros tenemos que devolver la inversión con la producción. No es algo nuevo. Esto pasa en la industria hidrocarburífera. Una vez la planta entre en funcionamiento y genere ingresos, se amortiza la inversión realizada”, agregó el titular de YLB.
Además, aseguró que Bolivia mantendrá el control absoluto sobre la comercialización del litio, lo que garantizará que los beneficios favorezcan directamente al país.
Alcón, en la misma línea, rechazó los argumentos de quienes se oponen al convenio con la china CBC. “No estamos entregando los recursos naturales. Queremos industria. El país se queda con el 70% de los ingresos”, dijo al remarcar que el convenio garantiza la soberanía y control sobre la extracción de litio y otros minerales como potasio, boro y magnesio.
El Ministerio de Hidrocarburos y Energías, entretanto, destacó que el acuerdo con CBC establece que la producción obtenida será fiscalizada y procesada bajo control de la empresa estatal. “El Gobierno boliviano enfatiza que la soberanía sobre el litio y los recursos presentes en los salares está plenamente garantizada. Con este modelo de contratación de servicios, el Estado mantiene el control absoluto sobre la producción y comercialización del litio. También se asegura que los beneficios derivados de su explotación favorezcan directamente al país y su desarrollo industrial”, explicó esta cartera de Estado.
AGUA Y REGALÍAS PARA POTOSÍ
Otro aspecto que generó rechazo en Potosí es el impacto ambiental del proyecto, particularmente el uso de agua en la producción de litio. Alarcón aclaró que la cantidad exacta de agua que se utilizará solo podrá determinarse en la etapa de diseño final de la planta. “No podemos aventurarnos a dar un dato sin estudios técnicos. Esto sucede en cualquier industria, como la petrolera. Primero hay que diseñar la planta, validar los procesos y recién se puede calcular el consumo exacto”, explicó.
Agregó que el convenio, inicialmente, establece un rango de consumo de entre 50 y 90 metros cúbicos de agua por tonelada de carbonato de litio.
En cuanto a las regalías, el convenio establece un 3% para Potosí. La institucionalidad de este departamento exige que este porcentaje se eleve al 10%. Alarcón señaló que cualquier modificación en este aspecto depende de la Asamblea Legislativa. “Si deciden aumentarlas, el contrato deberá ajustarse a la nueva normativa. YLB está obligado a cumplir con la ley vigente en ese momento”, explicó.
