La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz dejó incólume la determinación del fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, que rechazó la denuncia por prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución, interpuesta por la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce), en contra del juez en materia civil de Sucre, Juan Carlos Quispe. Dentro del proceso por competencia desleal, el juzgador ordenó el pago de más de 700 millones de bolivianos a favor de Fancesa y por esta decisión Soboce le inició un proceso penal.
El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó este lunes que la defensa de Soboce pretendía la nulidad de su determinación de dejar sin efecto la denuncia contra el juez Quispe, que dentro de una demanda civil por reparación de daños dispuso un pago millonario a favor de la cementera chuquisaqueña. Nava Morales, en una resolución jerárquica conocida en julio del año pasado, confirmó la determinación del fiscal Luis Aramayo que, en abril de 2024, emitió una resolución de rechazo de la denuncia contra el juez, decisión que fue impugnada por la defensa de Soboce ante la justicia constitucional en La Paz, que este lunes declaró la denegatoria de una acción de amparo que buscaba la prosecución del proceso penal contra el mencionado juez.
