El 2024, el Órgano Judicial dejó de percibir al menos 83 millones de bolivianos, recursos que no ingresaron por los servicios de Derechos Reales porque supuestamente no se habría recaudado, lo que ha generado un desfase en el presupuesto. Esto provoca demoras en las nuevas contrataciones de personal, proyectos en línea y otras partidas, reveló el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, en una entrevista con CORREO DEL SUR.

Este ente administrativo y el Tribunal Agroambiental anunciaron el inicio de auditorías al manejo de los recursos económicos por parte de la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) del Órgano Judicial y anunciaron que posteriormente impulsarán las modificaciones a la Ley 025 para que la entidad que administra el presupuesto general pase a dependencia del Consejo de la Magistratura. Actualmente, la DGAF está bajo control de un directorio conformado por el Presidente y el Decano del TSJ y el Presidente del Tribunal Agroambiental.

“Hay un desfase (en el presupuesto) de 2024, por falta de ingresos de recursos propios el año pasado por parte de Derechos Reales. Cada año se proyecta un cierto ingreso de recursos, el año pasado, como si estuviéramos en pandemia, no ingresaron los recursos proyectados. Le preguntamos al entonces Director de la DGAF y no ha sabido responder por qué no ingresaron 83 millones de bolivianos aproximadamente y que no se habría recaudado en Derechos Reales”, señaló Baptista.

AUDITORÍA

En su criterio, esta situación repercute en la falta de recursos para la contratación de personal y de proyectos en línea.