El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó el proceso penal ordinario contra Jeanine Áñez por el nombramiento ilegal en 2019 de su prima, Karina Leiva Áñez, como gerente en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), sin cumplir con los requisitos establecidos en la normativa boliviana.

Así lo establece la Sentencia Constitucional Plurinacional 0914/2024-S3 del 19 de noviembre de 2024, que rechaza la tutela solicitada por Áñez en la acción de amparo constitucional interpuesta contra Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas y Henry David Sánchez Camacho, vocales de la Sala Penal Primera y Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que dieron curso a su proceso ordinario.

“El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: confirmar la Resolución 301/2022 de 5 de diciembre, cursante de fs. 142 a 147 vta., pronunciada por Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, denegar la tutela solicitada de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada”, refiere el por tanto de la sentencia firmada por el magistrado relator Petronilo Flores.

Áñez acudió al TCP en procura de revertir la decisión de los vocales de la Sala Penal Primera y Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que la llevaron a un proceso ordinario por la designación de su prima como gerente de EBA, descartando, como exige, un juicio de responsabilidades.

En la Resolución 301/2022 de 5 de diciembre, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz señaló que la expresidenta no acreditó la legalidad de su presidencia en apego a la Constitución, ejercida entre 2019 y 2020 tras la renuncia y salida del país de Evo Morales.

“El hecho de que la norma constitucional definió que la sucesión constitucional recaerá en el Presidente del Senado y en el Presidente de Diputados, tiene su razón de ser, al advertirse que dichas autoridades fueron elegidas en sus respectivas cámaras, existiendo un debido proceso parlamentario y un acto legislativo en favor de esas autoridades; por lo que, quien pretenda la acreditación debe estar investido de esa calidad; lo cual no sucede en la presente causa para la sucesión constitucional; puesto que la posibilidad de que un segundo Vicepresidente o en el peor de los casos, uno de los tres Secretarios asuma por sucesión la Presidencia de la Cámara no es viable”, se lee en la resolución.

Incluso, señala que si Áñez “presentaba una Resolución de la Cámara de Senadores donde certifique que la mayoría simple del Senado la consignó como Presidenta, con probabilidad el debate sería otro, y al no existir ese documento no merece un juicio de responsabilidades”.

Según informe presentado por la Fiscalía, Karina Leiva Áñez es estudiante de Derecho y cursa el sexto semestre, lo que confirmaría que la designación fue irregular, entre otros indicios.

La Fiscalía imputó a Áñez en noviembre de 2021 y solicitó su detención preventiva.

La expresidenta está detenida en la cárcel de Miraflores con sentencia condenatoria de 10 años por la ruptura constitucional de noviembre de 2019. Es procesada también por las masacres de Sacaba y Senkata.

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